La Presidencia “usó los servicios de Soberanes para ocultar el crimen”, señalan en foro
“El caso Ascensión, feminicidio extremo”
Jalapa, Ver., 26 de febrero. El manoseo y las negociaciones políticas sobre el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, “asesinada hace un año y a la fecha impune”, perfiló la política presidencial sobre temas de la milicia y el respeto a los derechos humanos, aseguraron defensores de esas garantías que participaron en el foro Ernestina, reclamo de justicia un año después.
El caso de la anciana es un “feminicidio extremo” que sentó un precedente peligroso para los derechos humanos en México por la colusión de autoridades y actores políticos para pervertir las investigaciones y evitar la aplicación de justicia, señalaron.
La danza de “personajes siniestros” sobre los restos de doña Ernestina “tuvo a sus bailarines principales en el presidente Felipe Calderón; el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, y el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera”.
El foro fue convocado por el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Corona y la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), y se efectuó en esta ciudad como un homenaje luctuoso a la mujer de 73 años fallecida el 26 de febrero de 2006, tras supuestamente ser atacada por un grupo de militares en la comunidad de Tetlaltzinga, del municipio de Soledad Atzompa.
Montserrat Díaz, representante del Colectivo Feminista de Jalapa y de la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz, sostuvo que además de la agresión física y del ataque sexual, que en su agonía la misma anciana atribuyó a los soldados, también sufrió la “vendimia política” de su caso y la degradación de su testimonio.
“Desde Los Pinos, los aliados al poder la victimizaron hasta convertirla en cómplice de su propia muerte, por ser pobre, anciana y estar enferma”, indicó.
Díaz manifestó que la Presidencia de la República tejió una red de mentiras para desvirtuar las indagatorias que apuntaban al Ejército, y para ello usó los servicios de Soberanes Fernández, quien fue el encargado de “ocultar un crimen del Estado contra su propia población”.
“La muerte oficial de Ernestina se acordó la noche del 24 de abril, dos meses después de su deceso físico, cuando el gobernador Fidel Herrera acudió a la oficina de Soberanes para, en privado, definir el fallecimiento de la indígena”.
Por ello, agregó, se ratifica que fue un “feminicidio extremo”, porque no bastó el ataque físico, sino que intervinieron funcionarios de alto rango e instituciones que se supone deben velar por el bienestar de la población, para sepultar la memoria de una persona que reunió cuatro niveles de marginación: mujer, indígena, pobre y anciana.
Julio Atenco Vidal, dirigente de la CROISZ, recordó que el 27 de febrero de 2007, cuando 5 mil indígenas se concentraron en Tetlaltzinga para exigir justicia por la muerte de Ascensión Rosario, el gobernador Fidel Herrera prometió que el crimen no quedaría impune.
“Al paso del tiempo comprobamos que el reclamo de justicia fue procesado por su mente (de Herrera Beltrán) como una oportunidad de negociar. Le cayó de perlas la muerte de doña Ernestina, porque le facilitó llegar a una concertacesión con el gobierno federal; todo fue un negocio a cambio de recursos para su administración y para los comicios de septiembre de ese año”.