Ya son 15 las personas en huelga de hambre; la cifra podría aumentar en los próximos días
Indígenas adherentes a la otra campaña se unen al ayuno de catequista preso
Zacario Hernández, quien lleva dos semanas sin probar alimento, fue encarcelado por afectar los intereses de caciques de Chamula, considera el Centro Fray Bartolomé
San Cristóbal de las Casas, Chis. 26 de febrero. Diez indígenas miembros de la organización La Voz del Amate, adherentes a la otra campaña, recluidos en el penal de Cintalapa, se unieron este martes a la huelga de hambre del catequista de Tres Cruces (San Juan Chamula) Zacario Hernández Hernández, quien inició el ayuno hace dos semanas en demanda de su liberación.
Otros cuatro presos, quienes se reivindican como bases zapatistas, se sumaron a la protesta. Así, hay ya 15 personas en huelga de hambre. Dos reclusas, también de La Voz de Amate, realizan hoy un ayuno en respaldo a sus compañeros.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Zacario Hernández es acusado falsamente de haber cometido varios homicidios en el paraje Tres Cruces, en el municipio de San Juan Chamula, en enero de 2003. Hernández Hernández y otros compañeros practicaban la religión católica y daban catequesis, lo que afecta los intereses económicos y políticos de los cacicazgos en Chamula.
“Frente a la lucha de Zacario Hernández Hernández y sus hermanos no existe un planteamiento serio y congruente del gobierno del estado para llegar a su liberación, pues ha planteado un beneficio de sentencia suspendida que parece burla, puesto que el compañero no se encuentra sentenciado y ello significaría que lo culparían de un delito que ni él ni sus hermanos han cometido”, dijo La Voz del Amate, que demanda la liberación de todos los que considera presos políticos.
Las autoridades han ofrecido el beneficio de preliberación para algunos presos, pero no se aplica a los delitos atribuidos a la mayoría de ellos. El otro recurso ofrecido por el gobierno, la ley de sentencia suspendida, implica que acepten la culpabilidad de delitos que niegan haber cometido.
Defensores de los indígenas señalaron hoy a La Jornada: “Lo que queda es que el gobierno pida el desistimiento de los cargos, recurso que las autoridades no consideran en este momento”. Trascendió que otros presos indígenas en los penales de San Cristóbal y Playas de Catazajá valoran la posibilidad de unirse a la protesta.