Senadores panistas y priístas critican la decisión de la Cámara de Diputados
Error garrafal, suprimir allanamientos no ordenados por un juez: González Alcocer
El párrafo anulado limitaba la medida “a casos de flagrancia”, lamentan en Xicoténcatl
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Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel (de espaldas) y Pablo Gómez analizan cambios de diputados a la reforma judicial
Foto: Cristina Rodríguez
Los coordinadores de las comisiones de Justicia y de Gobernación en el Senado criticaron ayer la decisión que tomaron los diputados de eliminar de la iniciativa de reforma judicial la controvertida disposición que permitía el ingreso de policías a domicilios sin orden de un juez.
El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, consideró “error garrafal” la medida aprobada por los diputados, ya que el párrafo anulado limitaba el allanamiento de morada “sólo a casos de flagrancia”.
La decisión de los diputados, sostuvo el legislador, abre la posibilidad para que el ingreso de policías se realice en cualquier situación.
En tanto, el senador priísta Jesús Murillo Karam coincidió con el panista en el riesgo de que los allanamientos se realicen sin ninguna restricción y de que se cometan abusos.
Por lo que hace al procedimiento legislativo, el presidente del Senado, Santiago Creel, puntualizó que una vez que se reciba la minuta en Xicoténcatl será turnada de inmediato a las comisiones de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos para su análisis y discusión.
La intención es que se apruebe en el actual periodo ordinario de sesiones. Incluso, se prevé que la modificación aprobada en San Lázaro se revise el próximo jueves en comisiones y se vote en el pleno senatorial la semana siguiente.
Sin embargo, en el Partido de la Revolución Democrática hay un debate interno en torno a si es válido que esta iniciativa pueda volver al Senado y ser discutida en el actual periodo de sesiones, toda vez que ya fue dictaminada en ambas cámaras.
Contra esta posición, el PAN puntualizó que el artículo 72 de la Constitución prevé la posibilidad de volver a discutir el documento, aunque solamente lo referido a los artículos modificados por la colegisladora.