Energía
Las empresas públicas están satanizadas en muchas partes; ésa es una parte de la ideología global de mercado que está en boga. México es un caso en cuestión. Aparte de las entidades financieras de fomento, aquí ya prácticamente sólo quedan en el rubro de lo público las empresas del sector de la energía: Pemex, CFE y CLyFC. Es en ese campo donde se promueven reformas que por ahora apuntan de modo especial al aumento de la participación del capital privado en sus actividades. Debería notarse, sin embargo, que tanto el aún incipiente debate sobre las reformas que promueve el Congreso, como el asunto de la legislación que se haga en torno al complejo caso de la energía, se enmarcan, paradójicamente, en una condición esencial, que es la ausencia de una política energética.
Ésta es una carencia casi estructural de la definición y aplicación de la política económica desde hace décadas, con todo y la liberalización y la apertura. Esto se advierte de manera notoria desde fines de la década de 1970, cuando se encontraron los grandes yacimientos petroleros que han sostenido hasta hoy la expansión de esa industria y sus ramificaciones.
No hay en esta nueva ronda de consideraciones sobre las empresas públicas del sector planteamientos explícitos sobre una política de energía que abarque un horizonte suficientemente largo para consolidar la producción, el abastecimiento, organizar los mercados y promover el crecimiento de la economía y el desarrollo social del país.
Las propuestas que se lanzan están en el terreno usual de la falta de recursos financieros para la explotación del petróleo y del gas. Esto se extiende a la industria eléctrica y a lo largo de los encadenamientos productivos en toda la economía, así como a la satisfacción de necesidades básicas de la población.
La incapacidad de generar una mayor y sostenida expansión del producto y del empelo, que ya ocurre por más de dos décadas, y de reparar la enorme desigualdad que existe son los referentes más básicos para fijar finalmente una política de energía coherente y que rebase uno de los obstáculos más recios que es la penuria fiscal del Estado.
Pemex se maneja a partir de la apropiación de una renta que se deriva de la existencia de hidrocarburos que son hasta hoy propiedad del Estado. Esa renta no se ha aprovechado ni para consolidar una empresa eficiente y capaz de reproducirse, ni para ser la base de una industrialización promotora de riqueza y bienestar.
Esta cuestión habría de ser el centro de reflexión para recomponer el sector, replantear la forma de gestión interna del conglomerado y proponer los pasos de la política energética. De otro modo se va a malgastar la reforma.
La gestión de la energía en México está esencialmente vinculada a los criterios hacendarios de manejo fiscal. Desde hace décadas el Estado sólo es capaz de generar una muy baja recaudación tributaria que se suple con las transferencias de las empresas públicas de energía, es decir, de Pemex y CFE. Estos criterios son lo que determinan el uso de la renta por parte de un Estado profundamente ineficaz para administrarla y de un entorno altamente corrupto en la operación del sector.
No se puede pedir a una empresa pública como Pemexc que resista y luego hacer una reforma a modo cuando su estructura interna y el sistema económico en su conjunto son tan débiles. Eso no es responsable políticamente y es una mala administración económica y financiera.
Pemex tiene una organización interna muy deficiente, la partición que se hizo en un corporativo y varias empresas especializadas no dio resultados por la forma en que se maneja el monopolio estatal, la falta de transparencia en las transacciones internas de la empresa y la distorsión de los precios de los productos en el mercado que provoca Hacienda.
Los órganos de regulación del sector energético no tienen independencia de acción y el funcionamiento de la industria es desordenado. La Secretaría de Energía aparece como un jugador menor en la conducción de la industria y, además, inoperante en cuanto a la capacidad de concebir y promover una política de energía.
La Sener ha sido relegada de modo explícito en su posición como parte del Poder Ejecutivo y su capacidad técnica es cuestionable. La rotación de los funcionarios de más alto rango es muy grande. Nótese, por ejemplo, el hecho de que en los últimos 22 años ha habido un total de 12 secretarios de Energía, es decir, que han estado en funciones un promedio de 2.3 años. No se advierte ningún criterio técnico-profesional en las decisiones que se toman para dirigirla, sino, más bien, otros de carácter político y partidario. Además, en el sexenio de Fox hubo una participación de dos ex gobernadores de Nuevo León, lo que indicaba un compromiso con el grupo económico de Monterrey, por cierto con la misma esterilidad que ha caracterizado a la dependencia durante mucho tiempo.
El “problema” de Pemex va mucho más allá de esa empresa que está en una profunda fase de descomposición interna y es cada vez menos eficaz como cabeza de un sector clave de la economía. Al parecer esta vez tampoco va a prevalecer un criterio estratégico de Estado para fijar la política energética en México.