Constituye un paso atrás en el respeto a los derechos humanos, coinciden
Preocupan a ombudsman de las 32 entidades las repercusiones de la reforma judicial
Los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos manifestaron ayer su preocupación por las reformas en materia de justicia que aprobará este martes el pleno de la Cámara de Diputados, pues “constituyen un paso atrás en el respeto a las garantías básicas”.
Los 32 titulares de las comisiones estatales de derechos humanos y/o procuradurías de derechos humanos precisaron que su preocupación se centra en el hecho de que “con estas reformas se elevarán a rango constitucional el arraigo y los allanamientos de morada”.
En un documento firmado por todos los ombudsman estatales, resaltan que “compartimos la preocupación de la sociedad mexicana por los elevados niveles de inseguridad que han sometido la tranquilidad, la paz y la seguridad pública del país”.
Sostienen los defensores públicos de derechos humanos que “acompañan la demanda social que exige a las autoridades el cumplimiento del derecho a la seguridad de sus personas y bienes, pero manifestamos también nuestra preocupación porque las medidas que se adopten para enfrentar el crimen, en especial las legislativas, sean en todo momento apegadas al respeto a los derechos fundamentales”.
Los presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos destacan que les inquieta que para resolver el problema de la inseguridad se adopten medidas violatorias de los derechos humanos y, en ese sentido, hacen notar a los diputados federales que ven con intranquilidad que se proponga llevar a la Constitución el arraigo y los allanamientos. Con esto último, se pone en riesgo la inviolabilidad del domicilio, al permitir la entrada de la policía sin orden judicial y “se reducen peligrosamente los requisitos para librar una orden de aprehensión”.
Llaman a los legisladores a realizar un análisis ponderado de esa reforma con el objetivo de que “realicen los cambios en materia penal que equilibren el legítimo deseo de mayor eficacia en el combate a la criminalidad y el derecho a la paz social con protección de los derechos de las personas”.