Discuten límites a la publicidad “institucional”
Con la aprobación de los nuevos criterios para regular la publicidad institucional e impedir que sea usada con fines proselitistas, el Instituto Federal Electoral (IFE) da un primer paso para enfrentar las simulaciones de información que algunos políticos han iniciado para darle vuelta a la restricción legal de promoción personal, sostuvo el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar.
Subrayó que el instituto electoral podría sancionar a los concesionarios de los medios de comuncación que se presten a esa violación e incluso podría usar sus facultades para allanar el secreto fiscal y bancario.
En tanto, algunos consejeros promueven ya una queja formal en contra del activismo que ha iniciado el gobernador de Aguascalientes, Armando Reynoso Femat, lo cual –presuntamente– puede ser violatorio de las restricciones constitucionales en materia de promoción de obras con recursos públicos.
La queja que deberá dar paso al inicio de la investigación correspondiente se da en medio de las recriminaciones al consejero presidente, Leonardo Valdés, tanto de consejeros como de representantes partidistas por la forma de procesar la discusión al respecto.
Gómez Alcántar aseveró que en la emisión de dichos criterios no existe una extralimitación del IFE, toda vez que, en cualquier caso, el organismo sancionará la “vertiente electoral”, independientemente de que daría vista a las autoridades competentes –según sea el caso– para que se hicieran cargo de otras posibles irregularidades en que incurriera el funcionario.
El consejero dejó entrever que eventualmente el instituto podría dar seguimiento al comportamiento de algún político y, en caso de detectarse un patrón de comportamiento ilegal que diera lugar a sanciones recurrentes, al momento de tratar de convertirse en candidato podría utilizarse en su contra el argumento de que realizó actos anticipados de campaña.
Cabe destacar que, de acuerdo con las reformas legales, la sanción más extrema a este tipo de comportamiento es la cancelación de un posible registro como candidato a algún cargo de elección popular.
Al abundar en torno a los medios de comunicación, el consejero subrayó la complejidad de establecer la división entre las libertades de expresión y editorial de los concesionarios, con la simulación de difundir como información lo que en realidad es publicidad ilegal.
Por lo pronto, hasta este jueves prácticamente ningún partido había respondido a la petición de Valdés de remitir sus observaciones al proyecto de acuerdo para regular esa clase de publicidad, aunque se espera que hoy, al vencer el “plazo” para su entrega, sean enviados los documentos de la mayoría de los partidos para su posterior discusión.
Aunque formalmente no lo ha planteado, se conoce ya la postura del PAN en el sentido de considerar que la aprobación de dicho acuerdo va más allá de las atribuciones del IFE, puesto que no toda la publicidad institucional tiene efectos en el orden electoral.
De aprobarse el proyecto, según la interpretación del blanquiazul, el instituto electoral se arrogaría facultades que la reforma constitucional no le confiere.