Aún falta por resolver el caso de los anuncios del PT

Las numerosas pruebas de abusos no impidieron carpetazo sobre espots

Alonso Urrutia

Las investigaciones que realizó el Instituto Federal Electoral (IFE) en torno a los anuncios de campaña no reportados del PRD y Nueva Alianza confirmaron que en ambos casos hubo promocionales ilegalmente contratados por terceros; utilización de empresas de comunicación intermediarias para su compra; candidatos que adquirieron espacios al margen de los partidos y presunciones funda- das de que hubo bonificaciones ilegales de los medios de comunicación.

Tales consideraciones, que eran manejadas en el ámbito de la investigación por los equipos de fiscalización que trabajaron en las indagatorias, las conoció el nuevo consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, a pesar de lo cual promovió la cancelación de toda posibilidad de investigar las diversas irregularidades que se desprendían de la información con que hasta entonces se contaba.

Según fuentes cercanas a la investigación, había suficientes elementos para proseguir las indagatorias y la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo permitía, pero sencillamente los nuevos consejeros fueron un factor decisivo para anular esa posibilidad.

Asimismo, se cuestiona la cancelación de reflejar en los gastos de las campañas –centralmente los relacionados con los comicios presidenciales– el costo de los promocionales que finalmente el IFE acreditó como “no reportados”, lo que exhibió una deliberada intención de no aplicar mayores sanciones, como podría ser la multa por un posible rebase del tope en la materia.

Tan sólo en el caso del PRD, sin entrar en mayores indagatorias, la sola acreditación de promocionales pagados por Convergencia para favorecer al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador implicó un incremento de 5 millones de pesos en el gasto de campaña, reduciendo el margen de 36 millones que la coalición Por el Bien de Todos tenía para no rebasar el tope.

La consejera Teresa González Luna ratificó su extrañeza por la discrecional modificación que se hizo de los criterios para fijar las sanciones a ambos partidos, lo que implicó que las multas fueran menos de la mitad de las en realidad debieron aplicarse.

Juzgó que el IFE no fue consecuente no sólo con los criterios que se aplicaron en la fiscalización de las elecciones de 2003, sino incluso con los que fueron utilizados para sancionar los gastos de las precampañas, que ya pueden considerarse, dijo, como parte del proceso electoral de 2006.

González Luna subrayó que, sin ninguna justificación, la Unidad Técnica de Fiscalización optó por una ruta extraña para obtener el costo promedio de los anuncios, el cual sirvió de base para aplicar las sanciones.

Para el efecto se retiró el precio más alto y el más bajo de los promocionales, cuya consecuencia directa, en el caso de los promedios de anuncios de radio, fue reducir casi seis veces el costo promedio y, en consecuencia, su impacto en las multas.

Dentro de una semana se desahogará el tercero y último recurso que el TEPJF devolvió al IFE, relacionado con el Partido del Trabajo, aunque se anticipa que prevalecerán los mismos criterios y la imposibilidad de realizar más pesquisas.

Anoche, el PRD interpuso un recurso de apelación contra la sanción de 20.8 millones de pesos que le fue aplicada, sustentado en la “inconsistencia del monitoreo de Ibope”, base utilizada por el IFE para cuantificar los promocionales no reportados por los partidos.