Patricia, dignidad mapuche
Patricia Troncoso, conocida como La Chepa, es auxiliar en una escuela de niños, en el sur de Chile. Estudió teología en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Valparaíso. De origen mapuche, se acercó a su comunidad en busca de sus propias raíces, primero en la zona del Alto Bío-Bío, y después, participando en la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), en la ciudad de Traiguén.
Sufrió un primer proceso en octubre de 2002, acusada, junto con otros dos dirigentes mapuches, de incendiar una hacienda, pero fue absuelta. Dos meses después sufrió un nuevo proceso, acusada de ser miembro del CAM, organización mapuche colocada en la ilegalidad –en pleno régimen “democrático” post pinochetista–, por ser considerada una “asociación ilícita terrorista”.
Después de dos procesos más, Patricia fue nuevamente declarada inocente; también recibió una absolución por haber sido perseguida como miembro del CAM. Pero un nuevo proceso, en 2004, la condenó por “incendio terrorista” de la hacienda Poluco Pidenco, de la Forestal Mininco, a 10 años de prisión junto con otros seis dirigentes mapuches, bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado y por la Ley Antiterrorista, originalmente creada por la dictadura de Pinochet y retomada ¡por el gobierno socialista de Ricardo Lagos! Todos fueron condenados a pagar 420 millones de pesos (cerca de 840 mil dólares) a la empresa forestal del grupo Matte, uno de los más privilegiados durante la dictadura pinochetista que obtuvo ganancias colosales por la explotación de madera en las reservas mapuches. “... Las ganancias de la industria forestal aumentaron en proporción directa a la criminalización de las reivindicaciones mapuches por parte del Estado y de las propias empresas forestales”, como afirma Mauricio Buendía, en un artículo publicado este mes en Punto Final. Las ganancias pasaron de mil 829 mil dólares, en 1997, a 4 mil 800 millones de dólares, en 2007, aumento que coincide con la política de criminalización de los mapuches y con los procesos basados en la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista.
Patrícia concluyó victoriosamente una huelga de hambre de 112 días, simplemente para tener el derecho de, pasados cinco años de prisión, poder cumplir el resto de la pena en régimen semiabierto. Patricia fue condenada y está presa porque, siendo mapuche, pueblo originario de Chile, defiende sus tierras de la invasión de las empresas trasnacionales que les expropian las tierras, el agua, la vida. Está era su segunda huelga de hambre; la anterior duró 63 días. En esta última adelgazó 25 kilos, pero no desistió hasta que consiguió el pleno reconocimiento de sus reivindicaciones por el gobierno chileno.
Su victoria fue simplemente que los presos mapuches puedan continuar cumpliendo sus penas en un régimen semiabierto y otros derechos mínimos. En verdad los mapuches sufren condenas que no se aplicarían en el caso de que hubiesen sido procesados por las leyes normales de Chile, y no por la legislación directamente resucitada del pinochetismo.
La Iglesia católica chilena medió para que se llegara a una solución y aceptación de las demandas de Patricia, elemento que se sumó a la presión que el gobierno chileno sintió por la gran movilización nacional e internacional en solidaridad con la lideresa mapuche.
Por el temor de Patricia de que, tal como sucedió en su huelga de hambre anterior, el gobierno no cumpla con los compromisos asumidos, una comisión de organizaciones internacionales visitará próximamente Chile para, junto con un representante de la Iglesia católica chilena, verificar si esta vez el gobierno cumplirá su palabra.
La dignidad mapuche salió victoriosa de una huelga de hambre hecha para llamar la atención contra la criminalización de algunas comunidades mapuches, de las invasiones sistemáticas de sus tierras, las agresiones y asesinatos y la expropiación de sus fuentes de agua. Todo en nombre de la explotación de esas tierras ancestrales por empresas trasnacionales, privilegiadas por el modelo económico neoliberal chileno.