Acusan al gobierno estatal de estar coludido en negocio con empresas inmobiliarias
Denuncian colonos de NL despojo de predio
Monterrey, NL, 18 de febrero. Habitantes de la colonia Nueva Castilla, municipio de Escobedo, fueron desalojados por policías municipales de un predio que compraron hace nueve años.
Las 900 familias que han resultado afectadas por este conflicto culparon de la pérdida de su patrimonio al gobernador José Natividad González Parás y a Abel Guerra Garza, coordinador de la Agencia Estatal de Proyectos Estratégicos Urbanos, instancia que depende del mandatario, porque durante meses los han presionado para salir, con el argumento de que esa área pertenece a varias inmobiliarias.
Los afectados adquirieron l80 hectáreas a la familia Bautista Baldovinos. Sin embargo, hace cuatro años les dijeron que los límites estaban equivocados y empezaron a amenazarlos.
Cientos salieron y a algunos les destruyeron sus casas con maquinaria pesada. El domingo pasado las 60 familias que aún quedaban en el terreno fueron obligadas salir de sus viviendas.
Según los inconformes, Guerra, quien impulsa la creación del Fideicomiso Irrevocable de Administración de Inmuebles para Desarrollo Inmobiliario, en el cual participan ocho empresas, entre ellas Grupo Maple, pretende desarrollar el fraccionamiento Valle de Reyes y un campo de golf en El Cañón de la Huasteca, como parte del Parque Nacional Cumbres, que en 2001 fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO.
Gregorio Mendoza y Gabriela Bautista, señalaron que el gobierno apoya a las inmobiliarias y ahora pretenden tratarlos como si fueran invasores. Para ello, los miembros del fideicomiso presentaron una escritura elaborada por la notaría número 123, en la que incluyeron a Luis González Parás, uno de los hermanos del gobernador del estado, en la cual se modificaron los límites del predio, además de que el Infonavit reclama esa reserva territorial.
Un juez penal giró en 2005 una orden de aprehensión por fraude en contra de Leopoldo Bautista, a quien se acusó de vender terrenos que no eran suyos.
Los inconformes agregaron que a pesar de ese litigio habían vivido con tranquilidad y construyeron sus casas, pero su “calvario” comenzó cuando se crearon el Instituto de la Vivienda del estado y el citado fideicomiso, que adquirió la citada reserva territorial al organismo federal.
A partir de entonces empezaron a presentarse Zoila de León y Adrián Marroquín, quienes se hicieron pasar por funcionarios del Instituto de Vicienda estatal y ofrecieron a los colonos regularizar su situación. Les pidieron datos y hubo quienes incluso entregaron copias de los recibos de pago por los predios adquiridos.
Luego de entregar esa información empezaron a recibir amenazas para obligarlos a evacuar los terrenos y después destruyeron sus viviendas. Este lunes unas 40 personas se congregaron en el edificio del sindicato de telefonistas para recibir asesoría de un grupo de abogados.