El 24 de febrero elegirá 31 miembros del Consejo de Estado, máxima autoridad en el país
El Parlamento cubano comenzará el próximo domingo otro periodo de 5 años
Fidel Castro y 4 legisladores de la Asamblea saliente permanecen en ese órgano desde 1976
Se prevé ingreso de líderes de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Central de Trabajadores
La Habana, 18 de febrero. La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento) iniciará el domingo un nuevo mandato de cinco años, con la elección de 31 de sus miembros para integrar el Consejo de Estado, la máxima autoridad en el país.
La población aprobó en la votación general de enero la lista única de 614 candidatos a la misma cantidad de puestos en la asamblea. Ese parlamento también tendrá en su primera sesión una lista única para el Consejo de Estado.
Una Comisión de Candidaturas elabora la lista para el consejo mediante entrevistas individuales con cada uno de los diputados electos, en una consulta cuyos detalles se desconocen públicamente.
Cinco de los integrantes del Consejo de Estado saliente, todos procedentes del movimiento rebelde de los años cincuenta, permanecen en ese órgano desde su creación en 1976: el presidente Fidel Castro, el primer vicepresidente, Raúl Castro, también ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y mandatario interino desde hace 19 meses; los vicepresidentes Juan Almeida, comandante de la revolución y José Ramón Machado Ventura, principal operador del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el director de la Oficina del Programa Martiano, Armando Hart.
Otros veteranos son el secretario, José Miyar Barrueco, que ingresó en 1980 y el comandante de la revolución y ahora también ministro de la Informática y las Comunicaciones, Ramiro Valdés, que estuvo en ese organismo hasta los años ochenta, salió en la década pasada y volvió en 2003.
En 1986 ingresaron el actual secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (virtual jefe de gobierno), Carlos Lage y los ahora ministros del Interior, Abelardo Colomé, y de Salud Pública, José Ramón Balaguer. En 1993 se sumaron el actual canciller Felipe Pérez Roque, el ahora embajador en Angola, Pedro Ross, el líder de los pequeños agricultores, Orlando Lugo y el dirigente del PCC a cargo de ideología, educación y cultura, Esteban Lazo.
Estos 14 dirigentes, todos con al menos 15 años dentro del Consejo de Estado, fueron relectos diputados y podrían conservar sus posiciones.
En la última década llegaron el escritor Roberto Fernández Retamar; el jefe de despacho de Fidel Castro, Carlos Valenciaga; el general Julio Casas Regueiro, primer viceministro de las FAR, a cargo del sector militar empresarial; el líder del PCC en La Habana, Pedro Sáez y el presidente del Banco Central, Francisco Soberón, también confirmados como parlamentarios e igualmente posibles repetidores en el Consejo de Estado.
De los 19 citados once pertenecen al Buró Político, otro de los centros de máximas decisiones en el país y brazo ejecutivo del PCC: los hermanos Castro, Almeida, Colomé, Machado, Lage, Balaguer, Ross, Lazo, Casas y Sáez.
Una regla no escrita, pero apreciable al paso del tiempo, es que se incorporen a la instancia los líderes de turno de la Unión de Jóvenes Comunistas, el sector juvenil del PCC y de la Central de Trabajadores de Cuba. En el caso actual, si se mantiene esa práctica, llegarían al consejo, respectivamente, los diputados Julio Martínez y Salvador Valdés.
El resto de los integrantes del consejo, también de acuerdo con la tendencia, suele provenir de alguna posición representativa entre sectores sociales, profesionales, técnicos, científicos y culturales.
La ANPP tiene funciones legislativas y de alta fiscalización y se reúne en dos periodos de sesiones al año, cada uno de los cuales dura uno o dos días. El resto del tiempo queda representada por el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado también tiene funciones legislativas y, al ser una autoridad de funcionamiento permanente, emite más decretos-ley que las leyes que puede aprobar el parlamento. Además, es el máximo representante del Estado cubano, remueve a los ministros y a los embajadores, instruye a los tribunales y a la fiscalía y tiene poder de veto sobre decisiones de los gobiernos nacional y locales.