Atos sin aire
El modelo Atos de Dodge es uno de los vehículos más baratos que hay en el mercado mexicano, y tal vez el más barato por ahora, en tanto las tiendas de Salinas Pliego no empiecen a vomitar chinerías con ruedas sobre los sufridos espacios urbanos. Un Atos cuesta 82 mil 400 pesos en la versión más austera, 89 mil 400 pesos si viene con aire acondicionado, y 102 mil 400 pesos si se entrega equipado con radio, rines de aluminio y lámparas de niebla. Eso dice la página web dodge.com.mx, y es posible que en operaciones al contado sea posible comprar algo más barato en la General Motors, que ofrece, por precios de lista un poco superiores, los modelos Matiz y Chevy.
Para el mundillo oficial la vida de un minero mexicano cuesta, en promedio, mil 800 pesos más que un Atos en su versión menos equipada y 5 mil pesos menos que el mismo vehículo con aire acondicionado: 84 mil 615 pesos con 38 centavos, para ser exactos, de acuerdo con lo que han acordado la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet), la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “y con estos resultados se cumple con la instrucción recibida del presidente Felipe Calderón de otorgar la atención en cuanto a sus legítimas demandas y al pago puntual de las indemnizaciones que correspondan”, según reza el comunicado emitido por una de esas siglas. Todo, “con apego a derecho”, es decir, en aplicación de los términos del artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
El precio le había parecido excesivo al comprador, una empresa llamada Minera México, por lo que promovió un juicio de amparo y obtuvo la suspensión provisional de los pagos correspondientes, que totalizan 5 millones 250 mil pesos. A la larga aceptó cubrir la suma. No se dice abiertamente, pero se entiende que en cuanto deposite el dinero podrá conservar en propiedad los cadáveres de 63 de los 65 mineros que adquirió y ahorrarse, de esa manera, los gastos que supondría remover la tierra en el colapsado socavón de Pasta de Conchos, Coahuila, para rescatar los cuerpos.
Adicionalmente, la corporación tuvo que pagar diversas multas (una de 185 mil 705 pesos con 10 centavos, por la falta de condiciones de seguridad en la mina, otra de 540 mil pesos, por violar la LFT...) y cuatro empleados menores de la STPS fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por no haber realizado correctamente las inspecciones en el socavón. Y listo. El anterior secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, y su jefe, Vicente Fox, parejamente mentirosos (ambos aseguraban que los mineros estaban vivos cuando sabían que estaban muertos), disfrutan de su retiro. El sucesor y tocayo de Salazar, Javier Lozano, y su jefe, Felipe Calderón, pueden ahora presumir de que se ha cumplido la ley, se ha hecho justicia y se ha logrado un pago justo por las vidas de cada uno de los trabajadores fallecidos.
Curiosamente, al margen de las indemnizaciones legales, Minera México anduvo comprando el silencio de los deudos a razón de 700 mil pesos por muerto, o algo así, lo que le representó una erogación –“ayuda humanitaria” fue el concepto preciso– de 48 millones de pesos. No está mal. Sobre todo, si se considera que, gracias entre otras cosas al ahorro en condiciones de seguridad, en 2006, año de la tragedia, la empresa obtuvo ganancias netas por 16 mil 523 millones de pesos (con esas utilidades, los principales accionistas de la compañía tal vez pudieron adquirir, para ellos, para sus cónyuges, para sus amantes, para sus hijos y para sus empleados de confianza algo mejor que un Atos sin aire acondicionado). Una cosa es ser humanitario y otra permitir alzas injustificadas en el precio del trabajo, que es el que permite operar con márgenes de ganancia tan interesantes.
En los últimos años la vida de la mayoría de los mexicanos ha bajado de precio. Un minero de Coahuila vale lo que un Atos, pero una empleada de la maquila juarense puede salir gratis. Honor a quien honor merece: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón han realizado grandes y fructíferos esfuerzos para ofrecer precios accesibles a los consumidores de carne mexicana. Esa carne humana que cuesta carísima en Europa y en Estados Unidos puede obtenerse, aquí, con certeza jurídica y certificado de legalidad, por unos cuantos pesos. Bueno, no tanto: por lo que cuesta un Atos sin aire, más o menos.