Consenso en exigir que quienes rechacen recomendaciones expliquen los motivos
Legisladores buscan ampliar facultades de las comisiones de derechos humanos
Entre las propuestas consensuadas por las bancadas en el Congreso de la Unión para la reforma constitucional en el rubro de garantías sociales destacan modificar el capítulo primero de la Constitución, para denominarlo “De los derechos humanos”; incluir al ombudsman nacional entre los funcionarios a quienes puede llevarse a juicio político y ampliar las facultades de las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos para conocer de violaciones en materia laboral y electoral.
El documento respectivo fue entregado ya por la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso al Senado y a la Cámara de Diputados. El texto afirma que esas propuestas “han sido aprobadas por los subgrupos de trabajo del Grupo de Garantías Sociales y aprobadas por el pleno”.
Las bancadas plantean que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales amplíen las facultades de los ombudsman nacional y estatales para “conocer de violaciones a derechos humanos cometidas por particulares con la tolerancia o anuencia de alguna autoridad o servidor público o cuando ejerzan actividades de servicios públicos”.
Proponen llevar a la Constitución, en el artículo 102-b, la facultad del Senado de llamar a comparecer a los funcionarios que rechacen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con el fin de que expliquen el motivo de su negativa. En los periodos de receso la Comisión Permanente podrá citar a los servidores públicos.
En el proyecto consensuado se amplían las facultades a la CNDH y las comisiones estatales para dictar medidas cautelares en caso de inminente violación de esos derechos, con el fin de evitar la consumación irreparable de la transgresión.
Existe consenso en incluir en la Carta Magna que las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales “tienen jerarquía constitucional y prevalecen sobre el derecho interno en la medida en que confieren mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos humanos”.
Se propondrá llevar a la Constitución la prohibición de celebrar tratados internacionales que afecten los derechos humanos, de tal forma que “no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para los de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos”.
Otro punto en el que hay acuerdo entre las bancadas es en llevar a la Constitución la “igualdad de hombres y mujeres ante la ley y en el ejercicio de sus derechos”, y también en que “toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para prevenir, atender, sancionar, reparar y eliminar la violencia, en particular contra las mujeres” y los menores.
Los grupos proponen ampliar los requisitos para la suspensión de las garantías individuales.
Así, en situaciones excepcionales, sólo el presidente de la República, con la aprobación de la mayoría simple del Congreso o, en su caso, de la Comisión Permanente, podrá expedir la declaratoria de estado de excepción, “mediante la cual se podrá suspender o limitar en todo el país o lugar determinado el ejercicio de los derechos humanos que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y efectivamente a la situación”.