La Comar tiene un fondo de $17 millones; en 2003 la ONU pidió que le aumentaran
Un presupuesto raquítico refuerza la pérdida de tradición de asilo en México
Los principales apoyos a refugiados provienen de grupos civiles y Naciones Unidas
Ampliar la imagen El 1º de noviembre de 2001 unos 200 refugiados guatemaltecos, que huyeron de la guerra civil en su país, recibieron su carta de naturalización mexicana, en la comunidad de La Gloria, municipio chiapaneco de La Trinitaria Foto: Víctor M. Camacho
Los refugiados en México reciben apoyo material (hospedaje, alimentación, asesoría) de grupos civiles y de la Organización de Naciones Unidas, fundamentalmente, porque el gobierno federal no tiene asignado un presupuesto para auxiliar en tales aspectos.
La mayoría de quienes han recibido asilo legal (446 extranjeros entre marzo 2002 y diciembre 2007) enfrentan el desafío no sólo de un riguroso proceso de aprobación, sino de insertarse en su nuevo hogar, especialmente quienes no hablan español ni cuentan aquí con familiares o amigos.
Desde 2003, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México expuso la necesidad de que el país adaptara su legislación en materia de refugiados a los compromisos internacionales adquiridos.
Advertía también, en el punto 7.7 del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) necesitaba mayor presupuesto.
“La Comar padece de carencias presupuestales serias que limitan sus funciones. La mayor parte de sus recursos en 2002 se dedicaron al Programa de Naturalización y eso limita su capacidad para ampliar sus servicios humanitarios (apoyo en salud y educación) a solicitantes de refugio y refugiados con estatuto legal”, señalaba entonces esa oficina, en tiempo que aún había rezagos para brindar apoyo a la integración de los refugiados guatemaltecos.
Este año, 3 millones más
Pero la situación, a cinco años de distancia, no es muy distinta. La Comar dispone para 2008 de casi 17 millones de pesos (3 millones más que el año anterior), presupuesto utilizado básicamente para atender gastos ordinarios de tipo administrativo y, con el agregado presupuestal, podrá contratar traductores de idiomas para atender a un sector de solicitantes de procedencia africana o asiática, por ejemplo.
Ante ello, la Comar busca convenios con otras instancias gubernamentales para apoyar la atención en salud y educación, entre otras necesidades básicas de los refugiados, esto es, personas que huyen del clima de violencia generalizada o persecución en sus respectivos países.
Para asuntos prácticos, la Comar no cuenta con presupuesto para brindar, por ejemplo, hospedaje o alimentación a los extranjeros de referencia, pues cuenta con un pequeño fondo de emergencia, unos 10 mil pesos.
Katya Somohano, coordinadora general de la Comar, explicó en entrevista que no todos los solicitantes de refugio llegan a México en condición vulnerable o mezclados con aquellos identificados como “migrantes económicos”.
Y para quienes sí tienen necesidades específicas se procura el acercamiento con las dependencias que les pueden brindar auxilio en materias educativa, laboral o de salud, además de vincularlos con las propias organizaciones no gubernamentales.
De igual forma, se les da seguimiento respecto de la circunstancia que atraviesan. “(A los refugiados) no los dejamos al garete”, afirmó la funcionaria.
México tiene una larga tradición de asilo; desde finales de la década de 1930 recibió al exilio español y en los setenta a quienes huían de las dictaduras de países sudamericanos, como Argentina y Chile; sin embargo, apenas en 2000 firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, mecanismo que ordena definir procedimientos para determinar qué extranjeros acreditan esta condición. Para ello surgen la Comar y el Comité de Elegibilidad, grupo que opera ad hoc.
El ACNUR llegó a México hace 25 años para apoyar a los refugiados guatemaltecos que se hallaban en campamentos; tras los acuerdos de paz, la repatriación de esos ciudadanos y la regulación de quienes decidieron quedarse, abrió aquí una oficina.
Actualmente, en términos operativos, el ACNUR proporciona recursos para atender a los refugiados, mismos que canaliza por varias organizaciones civiles: Sin Fronteras; Albergue Belén, ubicado en Tapachula, Chiapas, así como una casa-espacio para los refugiados en la ciudad de México, frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI.
Con estos grupos, los refugiados tienen alternativas de hospedaje y alimentación, y servicios como clases de español y actividades para niños, así como orientación legal.
Sin embargo, explica Mariana Echandi, oficial de información pública de la oficina regional del ACNUR, con sede en la capital mexicana, los recursos –aun cuando son gestionados por ese organismo internacional– son insuficientes, por lo que es necesario clasificar, entre los refugiados, a quienes presenten una condición “más vulnerable” y limitar por tiempo los apoyos.
Al respecto, Sin Fronteras alerta que entre las principales necesidades que en el ámbito de la “integración local” enfrenta esta población se encuentran: alojamiento en un lugar seguro y digno, alimentación adecuada, asistencia médica y atención sicológica y siquiátrica, acceso a empleo, a educación y a formación profesional.
La insatisfacción de “esos derechos y necesidades se relaciona intrínsecamente con una carencia de recursos económicos, procesos legales o administrativos que los limitan, la falta de información y la discriminación estructural”, señala la organización.
Propone, entonces, desarrollar programas y proyectos que favorezcan mecanismos de inserción en el mercado laboral.
Como admiten las instancias consultadas (Comar, ACNUR y Sin Fronteras), se advierte de la presencia de casos de hostigamiento, xenofobia y discriminación racial hacia refugiados, en particular en contra de africanos y afrodescendientes, especialmente los haitianos, 54 aceptados el lustro pasado.
Diariamente –agrega Sin Fronteras– muchos hombres, mujeres, niños y niñas refugiados son discriminadas por distintos motivos.
Es necesario –añade– que Comar cuente con más recursos humanos y financieros para promover programas y mecanismos que faciliten dicho proceso de integración a las personas refugiadas en el país.
A ello se agrega que muy pocas organizaciones civiles trabajan en el tema y no existen redes sociales de apoyo para su integración.
“Grandes aportaciones”
Cabe precisar que en noviembre de 2004, precisamente en el Distrito Federal, México aprobó la declaración y plan de acción para fortalecer la protección internacional de los refugiados en México y, al inicio del actual sexenio, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo que Felipe Calderón está dispuesto a impulsar la tradición de asilo de México, “práctica que le ha dado reconocimiento entre la comunidad internacional”.
El gobierno mexicano –dijo el ahora ex funcionario federal– reconoce que los refugiados que llegaron aquí en la década de los 40 y 70 “han hecho grandes aportaciones a la ciencia y el arte”.
Entre 1980 y 1982, México acogió a 46 mil guatemaltecos. Hoy, la reforma que genere una ley específica para el refugio sigue pendiente y la instancia gubernamental encargada de atender este fenómeno tiene un presupuesto de 17 millones de pesos.