Recibió reclamos por no sancionar publicidad ilegal
Leonardo Valdés vivió su primera crisis en el IFE
Cedió a la presión de los partidos políticos, afirman
Haber cedido a la presión de los partidos políticos en la pasada sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), para postergar la aprobación de los criterios que permitan sancionar publicidad ilegal de gobernantes y legisladores, le generó al consejero presidente, Leonardo Valdés, su primera crisis interna.
En ese contexto, apenas en las primeras votaciones que el instituto ha comenzado a desahogar, hubo reclamos encendidos de consejeros que promovieron el punto de acuerdo, quienes además cuestionaron el incumplimiento de la palabra y el inadmisible sometimiento a los partidos a los cuales se pretende regular.
Más allá del diferendo entre los integrantes del Consejo General por las formas para postergar, también se descalifican las consecuencias que ello conlleva. Al vencerse el plazo –el pasado 15 de febrero– para que gobernantes y legisladores retiren toda publicidad personalizada, las quejas que han comenzado a presentarse en las juntas ejecutivas del IFE no tienen una salida legal.
Se puede iniciar la indagatoria e incluso llegar a la conclusión de que algunos de los personajes contra los que se han interpuesto los recursos efectivamente violan las nuevas disposiciones constitucionales que restringen la publicidad, pero no existe forma de sancionarlos, porque no hay penas aplicables.
Por lo pronto, los dirigentes estatales del PRI y Convergencia en Nuevo León, Héctor Morales y Blanca Carranza, respectivamente, dirigieron quejas por separado al vocal de la Junta Ejecutiva en ese estado, Roberto Villarroel, en que se imputa a legisladores del PAN haber incurrido en “hechos presuntamente violatorios del artículo 134 constitucional, cometidos por diputados federales” de la fracción del blanquiazul, según consta en oficio que llegó a las oficinas de Valdés.
Aunado a ello, en reciente visita de vocales ejecutivos al IFE, plantearon sus dudas y la incertidumbre en que se encuentran para abordar las primeras quejas que empiezan a llegar al organismo, relacionadas con violaciones al artículo 134 constitucional. En principio, dichas sanciones deberán ser motivo de reformas legales por parte del Congreso de la Unión que, al no estar aprobadas, obligan al IFE a emitir criterios para hacer cumplir su responsabilidad de vigilar que no exista publicidad personalizada.
La madrugada del sábado pasado, Valdés admitió y votó en favor de postergar la aprobación del “acuerdo por el cual se emiten criterios complementarios de interpretación al artículo 134, párrafo 7, de la Constitución”, relacionado con la prohibición de la publicidad personalizada de los gobernantes y otros miembros de los poderes públicos.
La decisión echó por tierra la construcción de un acuerdo que pretendía llevarse al consejo, y que se había pactado fuera por unanimidad. En esa sesión, Valdés dijo haber remitido ya diversas cartas para apercibir a gobernantes y legisladores de no incurrir en violaciones al citado artículo. Así, por ejemplo, en la misiva dirigida a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, se transcribe el texto del nuevo artículo 134, y posteriormente se le recuerda que se establecieron “consecuencias jurídicas para el caso de su incumplimiento”.
Valdés le indica que aún están pendientes las reformas legales que deberá aprobar el Congreso de la Unión, y concluye: “Seguro de su compromiso con el espíritu que animó las modificaciones constitucionales y legales recientes, me dirijo a usted con el objeto de que en auxilio de esta autoridad, provea lo conducente en el ámbito de sus atribuciones para ver materializadas las intenciones prefiguradas por el legislador”.