Hace dos meses, movimiento opositor obligó a suspender las obras avanzadas ya en 90%

Defiende firma española basurero de tóxicos en Zimapán, Hidalgo

El depósito es seguro; se acataron normas de impacto ambiental, dice delegado de Befesa

Proyecto inviable; la planta está muy cerca del pueblo, hay mantos acuíferos y el lugar es zona sísmica: ONG

Carlos Camacho (Corresponsal)

Pachuca, Hgo., 16 de febrero. En Hidalgo se generan 390 mil toneladas de residuos peligrosos al año, de los cuales la mitad se deposita en los confinamientos de Mina, Nuevo León, y Ramos Arizpe, Coahuila. El resto va a los ríos, a las barrancas y a los arroyos, o se queda en los traspatios de las industrias.

“¡Eso sí es peligroso!”, dice el biólogo Édgar Ramírez Hernández, representante de la firma española Befesa, al defender la construcción de la planta de confinamiento para esas sustancias en la comunidad de Botiña, municipio de Zimapán, Hidalgo, que el año pasado fue suspendida cuando la planta tenía ya avance de 90 por ciento.

Dice que este confinamiento “es seguro, sin ningún riesgo”, y niega que vaya a alojar sustancias radiactivas, de hospitales o explosivos, como han argumentado pobladores, organizaciones ecologistas y activistas que se oponen a la construcción del llamado Centro Integral para el Manejo de Recursos Industriales (Cimari) de Zimapán

La firma Befesa, representada en México por Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV argumenta que se cumplieron los requerimientos estipulados en el manifiesto de impacto ambien-tal, que incluyó estudios geológicos, hidrogeológicos, geotérmicos, edafológicos, climatológicos y biológicos, entre otros.

Basado en información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la firma señala que cumple con todos los lineamientos que las leyes y normas mexicanas exigen para asegurar la viabilidad ambiental de la zona.

Dice, por ejemplo, que el proyecto se ubica a más de nueve kilómetros de la cabecera municipal de Zimapán (única de más de 5 mil habitantes cercana), cuando la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos señala en su artículo 65 que la distancia mínima de un Cimari con respecto de los centros de población iguales o mayores a mil habitantes deberá ser no menor a cinco kilómetros.

La NOM-0055-Semarnat-99-3, vigente al aprobarse el proyecto, indica que ningún acuífero debe estar situado debajo del sitio en cuestión, a menos de 200 metros de profundidad. En Zimapán, según los estudios, no hay venero alguno al menos a 550 metros.

La ley exige que esos proyectos se encuentren fuera de áreas naturales protegidas, lo que también se cumple. La NOM-055-Semarnat-1003 dice que los proyectos deberán ubicarse en lugares donde no hayan ocurrido más de cuatro sismos mayores a siete grados Richter en los cien años recientes, y en Zimapán también esto se cumple.

Con esos antecedentes, el 11 de noviembre de 2004 la Semarnat otorgó, mediante el ofi- cio DGGIMAR.710/005585, la autorización 13-84-PS-VIII-59-2006 para construir el confinamiento de residuos peligrosos en Botiña, municipio de Zimapán.

La planta tendrá capacidad de 392 mil 988 metros cúbicos para almacenar, mediante la denominada tecnología de estabilización e inertización, unas 170 mil toneladas anuales de líquidos de proceso corrosivos y no corrosivos, sustancias ácidos y álcalis, lodos provenientes de tratamiento de aguas negras, tratamiento de aguas de proceso, galvanoplastía, templados, procesos de pinturas, asbestos, residuos peligrosos sólidos provenientes de la industria automotriz, tortas de filtrado, breas de procesos catalíticos y de destilación, escorias finas y granulares.

Destrucción y muerte: opositores

En la administración municipal anterior, encabezada por la panista Rosalía Gómez, se promovió la obra; inclusive los regidores fueron invitados por la empresa Befesa a España, donde los convencieron de las bondades del proyecto y por eso se autorizó construir la planta en Botiña, donde la empresa paga 10 mil pesos de renta por el uso de las tierras y da empleo a cien personas.

Pero debido al temor de que la planta genere más contaminación, como la provocada por arsénico descubierto en 11 pozos de agua potable a mediados de los años 90, que tuvieron que ser cancelados, se creó el Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán, cuya lucha en diciembre pasado obligó al gobernador Miguel Ángel Osorio Chong a ordenar la suspensión de las obras.

El gobierno municipal, encabezado ahora por el priísta Eusebio Aguilar Francisco, decidió el 15 de diciembre no renovar el permiso de cambio de uso de suelo.

Para el movimiento cívico, hay estudios que demuestran la inviabilidad del proyecto, pues según la ley una planta de ese tipo debe estar a 25 kilómetros de distancia de una población con más de 10 mil habitantes, y aquí el vertedero está a seis kilómetros en línea recta; además, hay mantos acuíferos y el lugar es zona sísmica.

En su visita más reciente a Hidalgo, el “presidente legítimo” de México, Andrés Manuel López Obrador, se solidarizó con los zimapenses que acudieron a Pachuca a su mitin informativo: “Que se vayan al extranjero con su basurero”, dijo referente a la firma española que invertirá 12 millones de dólares en el proyecto, e insistió: “no vamos a permitir que opere”.