Trabajo burocrático, a revisión
Poca importancia solemos dar al modelo laboral al que están sujetos los trabajadores al servicio del Estado. Perdemos de vista la actividad esencial que realizan para la comunidad. La imagen común que tenemos del burócrata es la de un trabajador ineficiente, mal pagado y poco amable; más allá de este prejuicio, es importante identificar las causas de esta percepción ligada a un sistema de relaciones laborales que no ha merecido voluntad política para ser superado. Imagínese que al presentar una queja ante una agencia del Ministerio Público fuera recibido con amabilidad y rapidez y su denuncia atendida por personal honesto y capacitado; piense también en servicios altamente eficientes en los sistemas de pago, que no lo obligaran a largas filas o a constantes vueltas, y en la administración de los impuestos con responsabilidad y transparencia. Sepa que estos retos se han superado en otros países a partir de una reforma administrativa del Estado y un adecuado modelo de relaciones laborales en el sector público.
La versión jurídica del tema laboral burocrático, con sus complejos recovecos, vicios añejos y limitaciones, pero también con alternativas para su superación, fue materia de una amplia reflexión en el ámbito del Poder Judicial Federal, con motivo de la presentación del libro Las relaciones laborales en el servicio público, del magistrado Sergio Pallares y Lara, “obra que como muy pocas tiende a llenar el vacío casi absoluto del derecho burocrático en México”, según palabras del ministro Juan Díaz Romero. No se trató de cumplir con el protocolo común; la numerosa asistencia y la calidad de los comentaristas permitió poner sobre la mesa la normatividad jurídica y la realidad de su aplicación. El panel se integró, además del autor, por la magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos, el magistrado César Esquinca Muñoa, el ministro Juan Díaz Romero, y de moderador el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Tres sectores integran hoy la actividad laboral en el servicio público: los trabajadores de base, que deberían constituir la regla general; los de confianza, y un creciente número de indocumentados laborales contratados bajo la modalidad de honorarios o subcontratados por distintas compañías encargadas de proveer personal. Esta división plantea una problemática difícil de superar a fin de lograr un modelo de relaciones laborales altamente profesional y calificado. La realidad transita en sentido contrario, en virtud de una creciente precariedad, inestabilidad y simulación, suprimiendo la vigencia del marco jurídico. Los trabajadores de base son reducidos a actividades cada vez menos sustantivas, salarios infames y nulas posibilidades de desarrollo. El personal de confianza se incrementa progresivamente, cargando con una discutible interpretación de la Constitución que los priva de estabilidad laboral y derechos elementales.
El tercer grupo florece sin límites. Se puede afirmar que la casi totalidad de las contrataciones de personal de nuevo ingreso que llevan a cabo los gobiernos federal, de la ciudad de México y de los estados de la República se realizan bajo la modalidad de honorarios u otras formas similares. Esta política condicionada por presupuestos elaborados al margen de la ley los ha convertido en los principales violadores del marco laboral burocrático. El mundo de la subcontratación crece sin recato en los sectores de limpieza, vigilancia y otros servicios. La mayor parte de estos trabajadores carecen de seguridad social, a pesar de que en los contratos las compañías se obligan a ello.
En el contexto de la presentación del libro, el magistrado Esquinca Muñoa planteó con toda claridad la exigencia de una reforma integral del artículo 123 constitucional para recuperar el principio de igualdad de todos los trabajadores ante la ley, suprimiendo apartados de excepción, y propuso regular en todo caso en leyes secundarias las modalidades necesarias. Sugirió una reforma laboral de largo alcance, recordando como anécdota los primeros intentos de modificación legal en la época de Arsenio Farell, en que se convocaba a una supuesta participación, cuando el texto ya había sido diseñado de antemano. Agregaríamos a la reflexión que los tiempos no han cambiado en los días que corren: se reproducen los mismos mecanismos, las mismas resistencias a generar una discusión de cara a la población, que permita auténticas respuestas a los problemas que aquejan al mundo laboral y productivo.
En los comentaristas permeó la necesidad de una revisión de las reglas del derecho colectivo. Atendiendo a la ley, son casi imposibles las huelgas legales, por eso presenciamos paros difíciles de regular. Buena parte del texto legal burocrático ha sido cuestionado en su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde su artículo primero, que hace referencia a los organismos descentralizados, hasta las bases del derecho de asociación, construidas sobre el principio corporativo de un solo sindicato por dependencia y de una sola federación sindical. Estas confirmaciones obligan sin duda a una profunda reforma laboral burocrática, que recupere el valor de este servicio público como parte de la reforma del Estado, lo cual sin duda supone reconocer la mayoría de edad de los servidores públicos para organizarse y vivir con dignidad, con seguridad social y con obligaciones que deben acreditar ante los destinatarios de su actividad.
La lista de temas de esta jornada fue muy amplia; se cuestionó el sistema de justicia laboral que utiliza a los tribunales colegiados como instancia de revisión; la Ley de Amparo que limita las facultades de tales órganos en su jurisdicción, obligándolos a dictar sentencias que no resuelven la controversia esencial y con honestidad, y se sostuvo que el excesivo formalismo solía imponerse sobre la justicia de fondo.
Finalmente, salimos de esta sesión, que duró casi cuatro horas, con un dejo de optimismo; si estas reflexiones encontraran eco en el ámbito del Poder Legislativo, otro gallo nos cantaría.