Aprueban reforma para sancionar daños al erario

Darán más poder a la ASF para encarcelar a corruptos

Enrique Méndez y Roberto Garduño

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma a la Ley de Fiscalización Superior para conceder mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y hacer efectivas sanciones económicas y de cárcel en contra de funcionarios responsables de quebrantos al erario.

La mayoría también aprobó un punto de acuerdo para exigir al gobierno de Felipe Calderón que demande a las autoridades estadunidenses no permitir la reapertura de la fundidora American Smelting and Refining Company (Asarco), que durante diez años quemó residuos peligros en El Paso, Texas, a 250 metros del río Bravo, y contaminó colonias pobres de Ciudad Juárez.

Este martes, la Cámara determinó modificar el artículo 54 de la Ley de Fiscalización, para aprobar la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que en su lugar se aplique el Código Federal de Procedimientos Civiles. En tribuna, el diputado priísta Enrique Cárdenas del Avellano explicó que con ello se fortalecerán las facultades de la ASF.

Con esta reforma, dijo, el órgano fiscalizador podrá ejercer de forma correcta su tarea de vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, fincar responsabilidad resarcitoria a los funcionarios, así como sancionarlos, al igual que a las personas físicas y morales cuando incurran en irregularidades en el manejo del gasto público.

Hasta ahora, detalló, de acuerdo con el capítulo III de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que señala las condiciones para fincar responsabilidades resarcitorias, se define que éste no es aplicable a los funcionarios públicos. De ahí que la reforma la deroga y se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles.

También el pleno aprobó, con 400 votos en favor y una abstención, una reforma al artículo 86 de la misma ley, para que la ASF envíe a la Cámara su proyecto de presupuesto a más tardar el 15 de agosto de cada año.

En el caso de la fundidora Asarco, se denunció que la empresa se dedicó a quemar residuos tóxicos en la frontera con México y contaminó no sólo el aire, sino también el suelo de Ciudad Juárez con metales que, de acuerdo con estudios epidemiológicos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y organizaciones ambientalistas, provocan daños irreversibles en el cerebro, acumulación de plomo en los huesos, al igual que a los principales sistemas sensitivos, como el reproductor, el renal, el cardiovascular y el neurológico.

El punto de acuerdo señala que inicialmente la empresa obtuvo la autorización para aprovechar el poder calórico de residuos y reducir los costos de sus procesos, aun cuando dichos residuos son peligrosos. A partir de 1990, además, utilizó sus instalaciones para quemar durante casi diez años desechos peligrosos de la empresa recicladora Encycle, ubicada en Corpus Christi, Texas.

Dicha quema afectó a las comunidades de Ciudad Juárez, El Paso y Sunland Park. Hasta el momento, refiere el documento votado ayer, en El Paso se han limpiado mil 97 casas residenciales contaminadas por plomo, mientras en Ciudad Juárez no se ha realizado ninguna acción para que la EPA compense los daños que ocasionó Asarco.