“Siempre hay un costo para la democracia”, dice

Mendoza justifica el envío de 1.5 millones de cartas

Navarrete: Sepomex debe explicar cómo autorizó tal barbaridad

Andrea Becerril

Casi una semana después de que se denunciaron los abusos en el Senado con las franquicias postales, el legislador priísta Jorge Mendoza Garza reconoció que envió más de un millón y medio de cartas a electores de Nuevo León, con cargo al Correo, y lo justificó: “No es una cuestión de ética, porque lo que buscaba, única y exclusivamente, es estar comunicado con la ciudadanía”.

En entrevista colectiva, previa a la sesión senatorial, el ex directivo de Tv Azteca, insistió en que no ha cometido abuso alguno: “Siempre hay un costo para la democracia”, dijo, e insistió en que el uso gratuito del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) es una prerrogativa de los senadores “para poder estar comunicados con los ciudadanos”.

Se trata, alegó, de una prerrogativa “que hay que defender”. Sin embargo, su postura no la comparten la mayoría de los senadores, ya que a partir de ese envío millonario de propaganda, otros legisladores ya no pudieron utilizar el porte pagado, entre ellos los también priístas José Calzada, Mario López Valdez, Ángel Aguirre y Carlos Jiménez Macías.

La directora del Sepomex sostuvo el miércoles pasado que cinco senadores presentaron solicitudes que en total significan más de 3 millones de documentos a distribuir. Jiménez Macías, sin embargo, comentó que solicitó únicamente el envío de 50 mil cartas. No quiso aludir al caso de su compañero de bancada, pero consideró que se debe definir el monto de las franquicias.

Otros, como el panista Alejandro González Alcocer, consideraron que Mendoza Garza debe asumir el costo de las cartas que envió a Nuevo León, que es superior a 7 millones de pesos.

Sin embargo, Mendoza Garza reiteró que no cometió abuso alguno, aunque –a manera de descargo– argumentó que es “nuevo” en la política, aunque fue vicepresidente de Tv Azteca, presidió la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y fue uno de los impulsores de la llamada ley Televisa, pero ayer insistió en que su problema es “de comunicación”.

Renuente a los cuestionamientos, Mendoza Garza repitió una y otra vez que “es cada vez más difícil” para los legisladores hablar con sus representados, sobre todo luego de la reciente reforma constitucional en materia electoral, que prohíbe el pago de publicidad política en los medios electrónicos.

“Se acabaron ya aquellos tiempos cuando la gente acudía a las plazas públicas para estar informada de lo que hacían sus gobernantes. Ahora tenemos que buscar otras formas de comunicarnos. Creo que ésta (el envío de cartas con costo al Sepomex) es una buena forma. ¿Tiene un costo? Pues sí, lo tiene.”

Otro argumento que esgrimió para tratar de justificar el uso de un millón y medio de franquicias –mientras el promedio anual de Senado es de entre 30 mil y 40 mil– es que los electores de Nuevo León no lo conocen, ya que no hizo campaña, toda vez que llegó a Xicoténcatl por la vía plurinominal.

“Los ciudadanos de Nuevo León, porque ahí me limité, deben saber que hay un senador pendiente de ellos”, recalcó, y se mostró sorprendido porque “se ha armado mucho lío con este asunto”, con una historia “que trae muchas implicaciones en relación con el ejercicio de la democracia”.

Contra lo informado por el presidente del Senado, Santiago Creel, de que el órgano legislativo no autorizó el uso del millón y medio de franquicias, ayer Mendoza aseguró que actuó “por los cauces legales”.

El coordinador de la bancada priísta, Manlio Fabio Beltrones, se puso del lado de Mendoza y sostuvo que las franquicias son una prerrogativa de los legisladores que debe defenderse, ya que que les permite comunicarse con los ciudadanos.

En todo caso, explicó, se harán precisiones a la normatividad, para ver el monto de franquicias que corresponde a cada legislador. Sin embargo, el perredista Carlos Navarrete recalcó que no comparte “el exceso” en que incurrió Mendoza.

Demandó que la directora del Sepomex informe por qué se autorizó “esa barbaridad”, porque el asunto “huele raro”, ya que después a otros cuatro legisladores les rechazaron distribuir montos menores de correspondencia.