La firma contrató paramilitares, acusan; diputados federales acudirán al estado

Denuncian amenazas de represión en SLP a opositores a Minera San Xavier

Enrique Méndez

Diputados federales perredistas informaron que estarán en San Luis Potosí el 7 y el 8 de marzo, cuando el Frente Amplio Opositor realizará el séptimo festival en defensa del patrimonio cultural e histórico y en contra de la explotación de metales por la Minera San Xavier, tras las “amenazas” de la presidenta municipal panista, Rosaura Loredo, de reprimir dicho encuentro.

El diputado Armando Barreiro aseguró que el clima de hostigamiento hacia los habitantes del pueblo de Cerro de San Pedro ha crecido a tal grado que en la zona ya operan paramilitares contratados por la filial de la trasnacional Metallica Resources Inc, con sede en Canadá.

A su vez, el abogado Sergio Serrano Soriano aseguró que la intimidación contra los potosinos que defienden sus recursos forma parte de una corriente nacional que pretende criminalizar todos los movimientos sociales.

Barreiro resaltó que se tiene “fundado conocimiento” de que la presidenta municipal “solicitó un operativo policiaco a la Secretaría de Gobierno del estado para reprimir el festival organizado por la sociedad civil y provocar una confrontación de graves consecuencias, para que ello le permita culpar a los opositores al proyecto minero privado”.

Explicó que aun cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) admitió, como resultado de las mesas de trabajo realizadas en noviembre y diciembre pasados, que fue ilegal el permiso otorgado para la explotación del cerro de San Pedro a la minera, y determinó que se enviaría personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para colocar sellos de clausura, nunca cumplió.

Anticipó que volverá a presentarse un punto de acuerdo para que la Cámara exija al titular de Semarnat, Juan Elvira Quesada, cumplir con el acuerdo y se cite a comparecer al procurador Eduardo Medina Mora, para que explique por qué el Ministerio Público Federal no ha atendido las denuncias interpuestas contra la Minera San Xavier por delitos ambientales.

En este caso, donde sí se justificaría la intervención de la fuerza pública, aseveró, el gobierno federal debería enviar policías para detener “la criminal e ilegal destrucción de una zona de monumentos y castigar a los delincuentes”.

A su vez, Mario Martín Ramos, ingeniero defensor del patrimonio cultural e histórico, refirió que el gobierno de Marcelo de los Santos ha convertido a San Luis Potosí en un estado sin ley.

“Es cierto que se espera una escalada de represión contra los opositores al proyecto. El gobierno está buscando el motivo para reprimir el movimiento, porque no le queda otra forma de desactivar la oposición”, alertó.

Refirió que la zona explotada también es un área de amortiguamiento ambiental del valle de San Luis Potosí y ahí se encuentra la recarga del acuífero que surte a 40 por ciento del estado. “Y ahí se utilizan ya 16 toneladas diarias de cianuro disueltas con 32 millones de litros de agua, que se extraen de un manto que está a punto de agotarse”.

La minera, dijo, explota el acuífero aun cuando existe un decreto que prohíbe abrir nuevas tomas de agua.

Además, explicó, se afectará a 1.5 millones de personas que viven a ocho kilómetros de la mina. “Proyectos como ése producen 94 por ciento de arsénico que se va a la atmósfera” y afecta la capa de ozono, denunció.