Derechos humanos: ¿lo que sea su voluntad?
En los días recientes la problemática de los derechos humanos ha estado muy presente en el país y lo destacable es que de parte de ciertos sectores, sobre todo internacionales, se invoque o promueva implícitamente la llamada “voluntad política”, cuya presencia o ausencia aparece como determinante. Esta postura es ciertamente riesgosa, pues implica evadir el tema de la justiciabilidad tanto del derecho internacional como en el orden interno. En contraste, la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en su reciente visita hizo declaraciones serias en el sentido de reivindicar el necesario uso de los tribunales para dirimir situaciones presuntamente delincuenciales, deslindándose de la “excepcionalidad” que en los hechos se da al combate al crimen organizado. Por su parte, el ocupante de Los Pinos, “acicateado por la adversidad” como él se ha descrito, respondió que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, es decir, “porque lo digo yo”, y seguirá adelante para lograr sus objetivos sin que ninguna instancia judicial o legislativa lo detenga, ni nacional ni internacional. Al cabo del tiempo difundirá con bombos y platillos sus cifras sin que la ciudadanía tenga parámetros para evaluar tan efectivos avances, y únicamente resentirá la paulatina militarización del país, y los atropellos de sus efectivos a la población; todo ello justificado por la gran cruzada calderonista que nuevamente se justificará, como en 2006, con su máxima antiética: “haiga sido como haiga sido”.
Ante esta situación debemos por lo menos revisar con cuidado los efectos del lugar común en que se ha convertido la expresión “voluntad política”, pues se utiliza como si entrañara actitud positiva, según la nueva jerga, la hay si se realizan “buenas prácticas”, como se dice recurrentemente en espacios de Naciones Unidas, y no la hay si no, como diría el filósofo de Güemes. Se elude así que la llamada voluntad política también implica decisiones adversas. En 1968 y en 1971 hubo voluntad política, sí la de masacrar y detener a toda costa al movimiento estudiantil y así nos podemos seguir con ejemplos.
La cuestión es reorientar el enfoque, los organismos civiles ya lo hacen. El pasado 7 de febrero el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentó su informe 2007, denominado Hacia 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco en torno a los derechos humanos, donde se aborda con suficiencia el asunto de la seguridad pública y la militarización, así como los claroscuros de la reforma judicial en curso, incluyendo una serie de recomendaciones que se vinculan a la necesidad de ajuste del orden interno a las normas internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano tiene obligación de cumplir y respetar. Como vemos, conceptos sustantivos no faltan; sin embargo, la debilidad que aún se percibe es la relativa a las dimensiones procesales, es decir, a la justiciabilidad.
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) –que visita el país y ha ofrecido informes solventes y jurídicamente bien fundados sobre Acteal, San Salvador Atenco, Oaxaca, entre otros– ve limitados los resultados de su accionar ante la impasibilidad de las autoridades que deberían fincar responsabilidades o ante organismos internacionales que deberían intervenir más allá de posturas discursivas.
Es realmente un círculo vicioso, se lucha incansablemente por lograr normas internacionales, por ejemplo, la declaración recientemente aprobada en cuanto a derechos de los pueblos indígenas y desde la misma ONU se le asigna “fuerza moral y política”, quedando en espera de su asimilación al orden interno para lograr vinculatoriedad, y en nuestro caso, aún si ello sucediera, se tendrían que promover las condiciones de exigibilidad. Todavía hace años se hablaba de la “claúsula democrática” en la Unión Europea, esto es, que si un país es señalado de manera fehaciente por sus violaciones a derechos humanos no tendría acceso a créditos o proyectos. Hoy día las diversas instancias u organismos financieros operan bajo la esquizofrenia de que por un lado impulsan normas que profundizan el neoliberalismo y la desigualdad en nuestros países, y luego realizan informes críticos sobre tales resultados.
Lo que parece claro es que la concentración de poderes fácticos enquistados en la clase política hegemónica impide transformarnos y pasar de un país cuyos espacios estatales de los tres poderes, operan discrecionalmente bajo la lógica de “lo que sea su voluntad”, a un país que se rija bajo el principio de legalidad con sujeción a normas y con instancias reguladoras de su respeto y exigibilidad. En todo ello está implicado el movimiento social y político en sus más variadas expresiones, defendiéndose además de la creciente criminalización de sus protestas.