Resolución sui géneris
Probablemente la resolución que tomó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que llevó el caso de la huelga estallada el pasado 2 de febrero por el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) va a tener repercusiones diversas en las relaciones laborales entre las instituciones de educación superior (IES) públicas del país y sus sindicatos, especialmente en el caso de los de trabajadores manuales y administrativos.
La huelga fue declarada “inexistente” por el órgano de conciliación referido debido a la multiplicidad de faltas, de orden legal, que contenía la demanda del sindicato; no obstante, ciertamente se trató de una resolución sui géneris. Sin duda, dicha resolución favorece a los trabajadores –o puede favorecerlos, depende de la posición que finalmente adopte la dirigente Eloína Vargas Merino– y favorece también a la Universidad Veracruzana.
No hay misterio en ello. El fallo de “inexistencia” no cambiará la propuesta que las autoridades universitarias ofrecieron al sindicato: 7.5 por ciento, dividido en dos rubros, 4.5 por ciento directo al salario y 3 por ciento más en prestaciones diversas. Se trata de la propuesta más alta que haya recibido cualquier otro sindicato universitario en el país. La propuesta más generalizada en las IES fue de 4.25 de aumento directo al salario, y 1.5 por ciento en prestaciones.
Además, la UV ofrece dotar a los trabajadores del mismo instrumento con el que cuentan los académicos: un mecanismo de evaluación, acordado con el propio sindicato, a efecto de poder retribuirlos con una bonificación adicional por la calidad de su desempeño. La evaluación no sería operada por la autoridad universitaria, sino por una comisión tripartita nombrada por el Consejo General Universitario. La idea del mecanismo de evaluación es buscar, no que los trabajadores laboren más, sino que lo hagan mejor. Para todos los casos necesarios la UV ofrecerá la capacitación requerida.
Sería muy difícil para los trabajadores entender que la señora Vargas continuara oponiéndose a la instrumentación de este mecanismo de evaluación –se ha negado en el pasado–, porque evidentemente es favorable a los trabajadores.
En las universidades públicas mexicanas, sus tareas, procesos y resultados, así como los académicos, son objeto de evaluación. Pronto la Cámara de Diputados conocerá una iniciativa para la conformación de un Sistema Nacional de Evaluación que busca hacer coherente el conjunto de instrumentos de evaluación que hoy están dispersos, en disposiciones legales diversas y son aplicados por instancias distintas. La evaluación tiene como objetivo principal mejorar la calidad de las IES. Y ocurre que el único sector que no es evaluado en los resultados de su trabajo es precisamente el de los trabajadores manuales y administrativos.
La UV –como otras muchas universidades públicas– está empeñada en mejorar y modernizar sus procesos académicos. Es claro que las tareas que toca cumplir a los trabajadores manuales y administrativos es una labor adjetiva indispensable. Mientras que casi todo ha sufrido transformaciones en las universidades públicas, sus relaciones laborales permanecen en el pasado. Los contenidos de los contratos colectivos, y la operación de los mismos, con frecuencia chocan con las modalidades actuales de una academia que se vuelve más dinámica y flexible. Modernizar las relaciones laborales entre IES y sindicatos es una necesidad del país. Lo es porque las universidades no son de los universitarios sino de la sociedad y a ella deben servir. Mejores universidades servirán de mejor modo a la sociedad toda.
La UV ha adoptado un objetivo general: ser palanca del desarrollo sustentable en las seis regiones étnica, cultural y geográficamente distintas del territorio veracruzano. Requiere formar profesionales y realizar investigaciones vinculadas con las potencialidades y vocaciones regionales del estado. La sinergia de todos sus actores internos es indispensable. Los trabajadores manuales y administrativos están siendo invitados a incorporarse a alcanzar ese objetivo de alta pertinencia social.
Con el mecanismo de evaluación propuesto, ganarán los trabajadores; ganará la institución, porque podrá cumplir mejor su cometido fundamental; ganará la sociedad veracruzana en la medida en que su universidad pública lleve a cabo, con calidad creciente, sus tareas académicas.
El sindicalismo universitario que viene del pasado no es ya funcional a los requerimientos de unas instituciones que deben cobrar mayor dinamismo, mayor flexibilidad, mayor pertinencia social, mejor calidad de sus tareas y sus productos. Los sindicatos universitarios están obligados a una seria reflexión sobre sus prácticas actuales.
Elevar los salarios de los trabajadores manuales y administrativos por la mera presión político sindical aumenta el costo de las universidades para la sociedad, sin que ésta reciba retribución por una mejor calidad de la institución y sus resultados, en la que mucho cuentan las tareas de estos trabajadores.
Si todos hacemos las cosas mejor, tendremos un mejor país para todos. Esto debiera ocurrir en todo momento, con independencia de las contiendas políticas entre los partidos, y quienes hagan gobierno. Todos vamos en el mismo barco.