Diario local publica que “la era de terror” finalizó; la ONG desmiente al rotativo
Reitera la CCIODH que en Chiapas se violan a diario los derechos humanos
La nota del periódico intenta convencer de que los abusos sucedieron hace años y ya no se dan
San Cristóbal de las Casas, Chis. 11 de febrero. En una nueva comunicación pública, la Comisión Civil Internacional por la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) señaló que durante el actual gobierno estatal “los cuerpos policiales todavía proceden a la detención de personas inocentes a partir de denuncias falsas, con la colaboración de grupos paramilitares; imputan hechos no realizados; arrancan autoinculpaciones bajo tortura, y procesan a las personas con base en ello. Todo, en procesos penales “repletos de irregularidades”.
Al informar sobre la rueda de prensa en la que la comisión presentó conclusiones y recomendaciones provisionales de su visita a Chiapas, un importante diario local dio hoy el siguiente titular de primera plana: “CCIODH: terminó época de terror de Mariano Herrán cuando se fabricaron delitos y crearon víctimas. Fue Pablo Salazar el mayor represor”. En la nota correspondiente se lee: “El obispo Felipe Arizmendi, integrantes de organizaciones sociales y defensa de derechos humanos, asociaciones campesinas, grupos y comunidades indígenas, así como familiares de ex presos, calificaron a gobiernos anteriores como represores de la libertad de expresión y culpables de la persecución a líderes sociales, señalando particularmente y de manera reiterada al ex fiscal general del estado Mariano Herrán Salvatti” (funcionario hoy en desgracia pero aún poderoso y temible, y que no fue tema en la rueda de prensa del sábado).
Según la misma nota, la CCIODH “informó de persecución a líderes sociales, organismos campesinos y comunidades indígenas por medio de un video documental, y la forma en que fueron detenidos, ‘sufriendo violaciones a sus derechos humanos, castigos físicos y sicológicos permanentes’” (Cuarto Poder, 10 de febrero). La nota “da a entender” que lo denunciado tuvo lugar en años anteriores, y que bajo el gobierno de Sabines estos hechos dejaron de producirse.
En la información impugnada puede leerse: “Familiares y afectados señalaron que ‘los represores’ fabricaban (sic) el delito de una forma bastante vulgar y con impunidad manifiesta, ‘ya que lo pudimos observar directamente, inclusive las declaraciones sufrían muchas contradicciones que no se sustentaban en absoluto, sin justificarse la detención ni las graves acusaciones que sobre los agraviados correspondía. Observamos también la actitud judicial y las irregularidades que se daban’”.
La CCIODH niega que los asistentes a la rueda de prensa hayan podido escuchar dichas afirmaciones. Nadie dijo que “terminó la época de terror”. Los graves hechos documentados en el video habían ocurrido apenas unos días atrás en Palenque y Playas de Catazajá, involucrando a policías estatales, parte de “un patrón contrainsurgente que se desarrolla actualmente en Chiapas”.
Los observadores internacionales reiteran que persisten “numerosos casos” de impunidad de servidores públicos, lo cual “no favorece la confianza en el sistema judicial ni dibuja el mejor contexto” para los derechos humanos. Reconocen “algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno”. Sin embargo, añaden, “no se ha avanzado realmente en este aspecto”.
Tras calificar de “inquietante” la persistencia de ciertas conductas de servidores públicos (como el considerar “legales” las denuncias falsas, el maltrato físico para obtener declaraciones autoinculpatorias y su valor probatorio en el proceso judicial), la comisión advierte: “Este modelo frecuentemente concluye con sentencias de muchos años, y sirve para la persecución de organizaciones sociales y como instrumento de contrainsurgencia”.