Tras negárseles el asilo a muchos mexicanos sólo les queda esperar la deportación
Canadá cada vez más parece un Estado policiaco, dice defensora de refugiados
Incluso a numerosas mexicanas sobrevivientes de violencia intrafamiliar el país del norte les niega la condición de refugiadas
Muchas están amenazadas de muerte por sus esposos
Toronto. El insomnio y la manía de no poder estar en un cuarto a oscuras vuelve a atormentar a Anayelli Aguilar en tanto se acerca la fecha para su audiencia ante la Junta de Inmigración y Refugio. Ella y su hermano Jonathan (23 y 24 años, respectivamente) pidieron asilo a Canadá hace año y medio. Aguardan la resolución de un juez que les diga: “Bienvenidos a Canadá” o les notifique que su petición fue denegada. Las estadísticas pesan fuertemente en favor de la segunda y muy temida opción.
La víspera del año nuevo de 2006 ambos fueron secuestrados frente a su casa, en Ciudad Satélite, estado de México. Tras siete días de miedo asfixiante, maniatados y con los ojos vendados, de un intento de mutilar un dedo de la mano de Jonathan y del pago de un rescate, los hermanos recobraron la libertad. Sólo en parte. Porque los secuestradores les advirtieron que no los denunciaran, o los matarían.
Pese a la amenaza los jóvenes decidieron acudir a la sede de la Procuraduría General de la República en Naucalpan a levantar un acta sin notificar a sus padres. La Agencia Federal de Investigación inició una pesquisa y de inmediato llegó la llamada anónima: “Se los advertimos. Rompieron nuestro código. Ahora es una cuestión de honor. Se van a morir”.
Primero se ocultaron en Cancún. Luego, Anayelli, en Zapopan, Jalisco. La amenaza siempre los alcanzó. Hasta que huyeron a Canadá.
Anayelli, que es homosexual, carga un triple trauma, el del secuestro, el miedo a la violación y el escarnio de la policía por reconocer su preferencia sexual diversa. En Toronto acudió a un centro de crisis, donde recibe terapia de apoyo. Allí supo, además, que ella y Jonathan podían pedir asilo. Se presentaron ante la oficina de Ciudadanía e Inmigración en Etobicoke, municipio cercano a Toronto, y empezaron a transitar el laberinto de la solicitud de asilo. Anayelli encontró trabajo como asistente del abogado Donald Summers, que defiende, entre muchos otros, su caso. Ahí ha conocido en enorme desencanto de centenares de compatriotas que son rechazados como asilados por la Junta de Inmigración y Refugio.
Los rechazados pueden apelar y pedir la residencia por razones humanitarias (unidad familiar u otra causa). O pueden apelar ante la Corte Federal. Pero si ante la junta son rechazados nueve de cada 10 casos de mexicanos, en el juicio de apelación la posibilidad se reduce a uno por ciento. Agotada esa vía, esperar la orden de deportación es sólo cuestión de tiempo.
Mujeres golpeadas en la indefensión
El auditorio de la Universidad Jesuita de Ryerson está abarrotado. Más de 150 activistas de derechos humanos y defensores del derecho de asilo asisten al seminario ¿Por qué refugiados de México? Casi al final, una mujer de aspecto humilde pide la palabra. Pregunta: “Ustedes, que son de derechos humanos, si Canadá me niega el asilo, si me deporta, ¿me pueden dar protección en México?” Las lágrimas le corren por la cara.
Luz Gutiérrez Gasca está convencida de que su marido Martín Rodríguez la va a matar si regresa a León, Guanajuato. Es, como describe, un hombre violento, golpeador, amigo de judiciales y licenciados, sin un empleo estable. Está muy enojado porque ella, su esposa, lo abandonó hace seis años, después de 11 de matrimonio, de torturas, violaciones y humillaciones.
Ella trabajaba en una mueblería en el centro de León. Cuando huyó del hogar notó que varios hombres rondaban la tienda. Un día fue secuestrada y golpeada brutalmente. Pasó tres días en el hospital. Varias veces acudió al DIF local en busca de ayuda. No pasó nada. Fue a la procuraduría estatal a levantar un acta contra el marido golpeador. “Él lo supo desde el momento en que pisé la oficina. Sonó mi celular, era mi esposo que me ordenaba: ‘salte de ahí’.”
Su caso es distinto al de muchas otras como ella porque conoció a un hombre gay que fue “mi ángel”, dice. Le aconsejó que se fuera a Toronto, le dio dinero para el pasaporte, el avión y hasta para dejarle un guardadito a su madre, que cuida de sus dos hijos. En junio del año pasado se presentó ante una juez canadiense y pidió asilo. Está en espera de una audiencia. Su vida está en manos de un juez.
En Toronto tiene empleos temporales, los peor pagados porque su credencial del Seguro Social empieza con el estigmatizado número nueve, el de los migrantes en tránsito. Pero tiene el apoyo de Casa Romero, albergue donde le ofrecen asistencia legal, intérpretes para enfrentar el proceso, bancos de ropa, muebles y alimentos. Ha empezado a estudiar inglés. Atisba una nueva vida, con seguridad, en este país. Pero sabe que esta tranquilidad puede esfumarse si le niegan el asilo. “Una muchacha que conocí y estaba en mi situación pidió asilo en Estados Unidos. Se lo negaron. Cuando regresó a Guanajuato su vida duró dos semanas. Su esposo la estranguló. Se llamaba Rosaura Hernández. Tengo miedo que me ocurra lo mismo.”
Su abogada, especialista en casos como éste, pero que pide reserva en la publicación de su nombre, hurga en la gruesa carpeta de pastas azules que las autoridades migratorias canadienses llaman “el paquete de documentación” y que contiene informes sobre México de Amnistía Internacional, el Departamento de Estado y otras instancias. Intenta encontrar cabos que le permitan lidiar con los jueces de la junta y convencerlos de que, pese a fiscalías especiales y leyes que supuestamente protegen a las mujeres contra la violencia doméstica, su clienta no tendrá garantías reales de que la agresividad del marido puede ser contenida con medidas cautelares y otras acciones de las autoridades. “La prueba clave en estos casos –dice– no es sólo demostrar que hay medidas de protección, sino que son efectivas para garantizar la integridad de las víctimas.”
Un telefonema la interrumpe. Es su asistente. Llama desde un centro de detención donde está recluida otra de sus clientas, a quien Canadá negó el asilo y que ha agotado todas las vías legales. Sólo falta que se ejecute la orden de deportación hacia una de las islas del Caribe. Deben estar preparadas, con el bebé de la mujer y los pasaportes listos. Lo único que pueden hacer, a esas alturas del proceso, es evitar que separen a la madre del niño. “Somos una democracia –expresa la abogada al colgar–, pero hay cosas de nuestro gobierno que nos hace parecer cada vez más un Estado policiaco.”
Casos como el de Luz son legión ante la junta. En los albergues donde residen los solicitantes de asilo más vulnerables, 60 por ciento son mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar. Estas víctimas son la primera causa en la búsqueda de protección ante Canadá. Pero el índice de rechazo también es muy alto, en particular para las mexicanas.