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Exxon y Banco Mundial, asalto a Venezuela
La petrolera exige 1,600% más de lo que invirtió
¿Para qué queremos gobierno?
El viejo truco de litigar en “países amigos” con juzgados “amables” que sentencien favorablemente a los intereses trasnacionales quiere aplicarse en contra de Venezuela y su riqueza petrolera. En esta ocasión, es el gigante estadunidense Exxon-Mobil el que recurre a esta añeja práctica del capital extranjero salvaje para sacar raja de los negocios que le fueron acotados, como acto soberano, por el gobierno del país sudamericano.
Días atrás la trasnacional estadunidense afirmó que obtuvo “varias órdenes judiciales internacionales para congelar hasta 12 mil millones de dólares en activos de Petróleos de Venezuela (la estatal PDVSA) en todo el mundo”, y tales mandatos fueron obsequiados por tribunales del Reino Unido, Holanda y las Antillas Holandesas, países y juzgados que nada tienen que ver con la relación comercial entre el gobierno venezolano y la Exxon-Mobil.
Como buena trasnacional, la Exxon-Mobil, que obtuvo 40 mil millones de dólares en utilidades netas durante 2007, exige que el gobierno venezolano la “indemnice” con 12 mil millones de dólares, algo por demás inflado, pues el “motivo” del litigio no sobrepasó los 750 millones de billetes verdes, por mucho que algunas empresas consultoras (como la venezolana Ecoanalítica), normalmente proclives a los intereses de ese tipo de consorcios, eleven el “daño” a mil 400 millones. En cualquiera de los casos, la diferencia entre el “reclamo” del gigante estadunidense y la realidad es de 8.5 a 16 veces superior a la supuesta causa que motivó el litigio.
Todo comenzó con la decisión soberana del gobierno venezolano de nacionalizar varios proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos en la riquísima Faja Petrolífera del Orinoco, originalmente concesionada, durante los 90, a un grupo de trasnacionales: las estadunidenses Chevron Corporation, Exxon-Mobil y Conoco Phillips; la británica BP-PLC; la francesa Total y la noruega Statoil.
Chávez denunció convenios petroleros con las trasnacionales, otorgados en gobiernos anteriores, que constituían un asalto a la nación, que permitían a esas empresas el pago de regalías al Estado por apenas uno por ciento de lo obtenido (ahora pagan más de 33 por ciento de regalías), en una zona como la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada uno de los mayores depósitos de hidrocarburos del mundo, con cerca de 236 mil millones de barriles.
Hugo Chávez decidió, en mayo pasado, echar para atrás la concesión, retomar el control estatal de la Faja e indemnizar, sin comillas, a todas las trasnacionales involucradas, mismas que reclamaron, pero tras una intensa negociación, aceptaron los términos del gobierno venezolano y se convirtieron en socios minoritarios. Todas excepto Exxon Mobil y Conoco Phillips, que recurrieron a los “tribunales internacionales” en “países amigos”.
Adicionalmente, Exxon Mobil de inmediato recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), un supuesto “árbitro” en las “controversias” entre gobiernos y empresas de este tipo, dependiente del “amigable” Banco Mundial, controlado por Estados Unidos, para que le “devolvieran” el negocio o cuando menos el gobierno venezolano le pagara su “indemnización”, que ahora estima en 12 mil millones de dólares, por inversiones no superiores a 750 millones en la Faja Petrolífera del Orinoco.
La CIADI es un organismo que difícilmente falla favorablemente a los intereses de una nación. Por el contrario, su historial es rico en “acuerdos” que benefician a las trasnacionales (éstas han ganado 230 de 232 casos presentados), por mucho que sus exigencias sean verdaderamente descabelladas. De estos resolutivos Argentina los ha padecido todos, producto de la política privatizadora de Carlos Menem en los 90) y Bolivia no se queda atrás, porque al gobierno de Evo Morales le heredaron “reclamos” por “indemnización” como la estadunidense Bechtel Corporation, un consorcio que exigía una “compensación” por “lucro cesante” (ganancias proyectadas, pero no obtenidas) de 25 millones de dólares, con ganas de llegar a 100 millones, no obstante que su inversión real para el proyecto de agua en Cochabamba no superó el medio millón de dólares. Pero el gobierno de Evo no se doblegó y la trasnacional se quedó con las ganas de atracar a los bolivianos. Finalmente, vendió en dos dólares todas sus acciones al gobierno del país sudamericano y el caso fue cerrado, y Bolivia dejó de ser miembro de la CIADI.
En este contexto, Exxon Mobil exige al gobierno venezolano una “indemnización” por 12 mil millones de dólares que en la “lógica” descrita se traduciría así: 750 millones por sus inversiones a momento de cancelar la concesión, y 11 mil 250 millones por “lucro cesante”, es decir la utilidades que la trasnacional proyectó en los siguientes 20 años. Un asalto, pues, que para eso está la CIADI.
Como era de esperarse, Hugo Chávez reaccionó a la intentona de Exxon-Mobil de obtener una “indemnización” mil 600 por ciento mayor a la que le corresponde, y amenaza con suspender el suministro petrolero a Estados Unidos “si continúa su guerra económica contra Venezuela”, de la que forma parte la actitud de la trasnacional. “Sigan y ustedes, y verán que no les enviaremos una gota de petróleo. Si ustedes nos congelan, si llegan de verdad a congelar, si nos hacen daño, nosotros les vamos a hacer daño”.
Las rebanadas del pastel
Frenéticos, también van a redondear la privatización del agua: “la iniciativa privada tendrá abiertas las puertas a la operación y construcción de infraestructura de agua, tanto en la dotación del servicio de agua potable, y la construcción de drenaje como en la instalación de plantas de tratamiento, señaló el titular de la Semarnat, Juan Elvira Quesada” (La Jornada). Entonces, si todo es para el capital privado, ¿para qué se necesita un gobierno, que por lo demás resulta carísimo?