Usted está aquí: lunes 11 de febrero de 2008 Política Recomendación de CNDH a Ulises Ruiz por retardar la justicia a un niño violado

La autoridad mantuvo inactivo el expediente durante cinco meses, señala el ombudsman

Recomendación de CNDH a Ulises Ruiz por retardar la justicia a un niño violado

Víctor Ballinas

Por las prácticas dilatorias en que incurrió la fiscal para delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca en la integración de una averiguación previa por violación de un niño de cuatro años en una escuela privada; por el incumplimiento de la procuraduría estatal en ejecutar dos de las tres órdenes de aprehensión que se le solicitaron, y por la omisión de las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de esa entidad, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, envió al gobernador Ulises Ruiz Ortiz la recomendación 4/08.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostiene en esa recomendación que cuenta con los elementos para acreditar violaciones al derecho a la pronta y debida impartición de justicia, derivadas de dilación en la integración de la averiguación previa, así como del incumplimiento de las órdenes de aprehensión que giró el juez tercero de primera instancia en materia penal en Ixcotel, Oaxaca, dentro de la causa penal 133/2007, atribuible a personal de la procuraduría estatal.

Precisa que la autoridad mantuvo inactivo el expediente durante cinco meses, a pesar de que la familia del menor aportó todos los elementos de prueba a su alcance para el debido esclarecimiento de los hechos, y además “no pasa desapercibida para la CNDH la manifestación de la madre del menor ultrajado, en el sentido de que fue llamada de manera ‘extraoficial’ a las oficinas de la procuraduría estatal, donde la fiscal le propuso un arreglo conciliatorio con los violadores en agravio de su hijo, situación que, de ser cierta, resulta a todas luces irregular dada la gravedad de los delitos que se atribuyen a los responsables”.

La CNDH detalla que “ante la dilación de la investigación de la fiscal, y después de que se propuso a la madre de la víctima un arreglo conciliatorio, ésta denunció ante los medios de comunicación el caso, lo que ocasionó la indignación de la sociedad, y el 29 de agosto de 2007 se efectuó una marcha exigiendo justicia y cárcel para los violadores. Fue esta situación lo que motivó que se activaran las órdenes de aprehensión, pero sólo se detuvo a uno de los tres responsables de la agresión, abuso y ultraje al menor”.

La CNDH apunta que si bien se giraron tres órdenes de aprehensión, “a la fecha únicamente se ha llevado a cabo una detención, dos de los responsables de la violación al menor están prófugos, lo que produce una clara incertidumbre jurídica en torno al presente asunto y propicia la impunidad”.

Subraya el ombudsman en la recomendación 4/08 que la conducta de los violadores “vulnera no sólo al menor agredido sino a la sociedad en su conjunto, ya que las personas en cita desatendieron su deber y traicionaron la confianza de los padres de la víctima, además de dañar severamente la imagen del sistema educativo del estado de Oaxaca, situación que resulta aún más grave si se toma en cuenta que el menor al momento de ser ultrajado tenía cuatro años de edad”.

De igual forma la CNDH sostiene que es “evidente la actitud omisa de las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, toda vez que, a pesar de haber tenido conocimiento de los hechos cometidos en agravio del menor violado, no se advierte que esa dependencia dentro del ámbito de sus obligaciones se hubiera abocado a la realización de las diligencias relativas a la atención de este problema”.

En la recomendación dirigida a Ulises Ruiz la CNDH le solicita que se auxilie a las víctimas y testigos de los hechos descritos y se tomen medidas para evitar alguna intimidación o represalia contra el menor, sus familiares y testigos.

Demanda que se instruya al procurador a que se cumplan las órdenes de aprehensión que faltan de ejecutarse; que se inicie investigación contra el agente del Ministerio Público que obstruyó la investigación, y que se indague a los servidores públicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca que omitieron actuar oportuna y debidamente en el caso.

 
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