Editorial
Distorsiones en torno al campo
Prácticamente a la par de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el primero de enero de este año, el gobierno federal puso en marcha una campaña mediática que destaca los supuestos beneficios que ha traído el acuerdo de comercio trilateral para los sectores agrícolas del país.
La aparición de esos anuncios ha generado descontento e inconformidad en diversas organizaciones campesinas y en amplios sectores de la sociedad mexicana. No es para menos: se trata de una campaña que miente abiertamente a la población, al presentar al campo mexicano como “ganador” y al TLCAN como el principal motor de esa prosperidad, una imagen que no se corresponde con la situación ruinosa que impera en la mayoría de los entornos rurales del país ni con la realidad exasperante que enfrentan día a día decenas de miles de campesinos depauperados. Por elementales razones de sensibilidad política, dichos anuncios debieran ser retirados; sobre todo si se pretende –como lo ha afirmado el gobierno– establecer un diálogo con las organizaciones campesinas en torno al TLCAN, es necesario que se esclarezca si éste girará en torno a una situación real o a una imagen cosmética del campo.
Ciertamente, el TLCAN ha aportado al campo mexicano algunos beneficios económicos, pero éstos, al igual que los apoyos gubernamentales, han sido recibidos sólo por un puñado de agroexportadores, en tanto que millones de agricultores en pequeña escala han sido conducidos a la ruina. Ni siquiera los altos precios que han mantenido a escala internacional los productos alimentarios –en particular los granos, por su alta demanda para el desarrollo de biocombustibles– ha representado un factor benéfico para los productores agrícolas. Esto se debe principalmente a que las ganancias son acaparadas en su mayoría por las empresas comercializadoras –que pagan precios sumamente injustos a los campesinos– y por los grandes productores, que son los únicos que cuentan con la infraestructura y los recursos necesarios para competir en el inequitativo mercado internacional.
Al respecto, la postura del grupo gobernante ha dejado mucho que desear. Ante las crecientes muestras de descontento social por la acuciante situación que vive el campo –como la movilización de miles de campesinos el pasado 31 de enero en esta capital– el gobierno de Felipe Calderón ha mostrado un autismo inaceptable, ha mantenido la misma línea discursiva sobre los imperceptibles beneficios del TLCAN para el campo y se ha empeñado en mantener en representación del gobierno federal a Alberto Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, desconocido como interlocutor por parte de las organizaciones campesinas y quien además ha descartado de antemano, una y otra vez, la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, principal demanda de los inconformes.
El abandono que acusa actualmente el campo mexicano es el resultado de más de dos décadas de políticas neoliberales, adoptadas y continuadas a pie juntillas por el actual gobierno. Un paso fundamental y primario para revertir esa problemática es, justamente, su reconocimiento como tal por parte de todos los actores involucrados, no la presentación de un paisaje idílico y ajeno a la realidad, como el de los promocionales del gobierno.