Los legisladores serían garantes de los acuerdos que se alcancen: Álvaro López
Campesinos piden al Congreso albergar diálogo con el gobierno sobre el TLCAN
El líder de la UNTA descarta mantener negociaciones en la Secretaría del Trabajo
Las organizaciones campesinas y sindicales que marcharon el pasado 31 de enero consensan con legisladores federales la propuesta de que una de las cámaras del Congreso de la Unión funja como sede de la mesa de diálogo ofrecida por el gobierno federal para atender sus demandas, y que el Poder Legislativo sea testigo y garante de los acuerdos que se alcancen.
De aprobarse esta proposición –que pretenden anunciar la próxima semana, luego que la depuren– líderes campesinos informaron que quedaría inoperante el espacio de diálogo que el gobierno federal ha mantenido abierto desde enero del año pasado en la Secretaría del Trabajo.
Hasta el momento las dirigencias campesinas y sindicales han convenido que el centro de la respuesta que darán a la postura asumida por Felipe Calderón –quien la semana pasada fijó su posición ante los problemas del campo, en reunión que sostuvo con líderes priístas– es “la demanda inamovible” de que el gobierno de la República y el Senado inicien un proceso de argumentación para solicitar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“El espacio oficial que se ha mantenido abierto por 12 meses está totalmente descartado. Estamos por la integración de una comisión de gobierno en la que estén las secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social. No nos oponemos a que estén las otras (dependencias) que propone el gobierno, ya que no habrá una comisión exclusiva (como la que opera con Agricultura, Economía y Trabajo), que no ha servido”, afirmó el líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López.
Sostuvo en entrevista que dentro del bloque campesino se impulsa el diálogo con la administración calderonista bajo la supervisión de una instancia “que testifique y garantice los acuerdos a los que lleguemos, para que después el gobierno no se eche para atrás”.
Esta medida, precisó, pretende evitar la “negra” experiencia que tuvieron con el gobierno de Vicente Fox, con quien los campesinos lograron en 2003 la firma del Acuerdo Nacional para el Campo en un espacio neutro, el cual se trató de un pacto en el que “nadie tuvo la encomienda de vigilar y ser garante”, por lo que sus alcances no se concretaron.
“Luego de la firma, el entonces secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y sus colegas hicieron todo lo posible por incumplir lo pactado, como la puesta en marcha de un programa emergente con recursos extraordinarios por dos mil 600 millones de pesos para vivienda, salud y becas. Tampoco se abrió en la Secretaría de Economía una oficina de investigación comercial para monitorear estas actividades en Estados Unidos y Canadá.
“Además, no se realizaron las consultas para llevar el tema de la renegociación del capítulo agropecuario al Comité Administrador del TLCAN, con el fin de realizar adecuaciones y ver la posibilidad de alcanzar acuerdos paralelos. Se incumplió con impulsar una evaluación de las reformas agrarias para ver la pertinencia de otorgar mayores garantías a la propiedad social.”