Editorial
IFE: arreglo turbio
Tras meses de jaloneos, en los que se vulneró el decoro institucional, las fracciones partidistas de San Lázaro designaron a un nuevo presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) y a dos consejeros de recambio. El hecho, que a primera vista podría parecer un primer paso para remontar el descrédito de ese organismo, en realidad lo ahonda, habida cuenta de la manera tan poco transparente –es decir, turbia– en que se alcanzó el acuerdo correspondiente: en negociaciones nocturnas, a espaldas de la sociedad y sin tomar en cuenta las trayectorias de los candidatos.
Habría sido deseable, y hasta exigible, que el proceso de renovación del instituto electoral y la selección de sus nuevos funcionarios hubiese pasado por una discusión, de cara a la ciudadanía, de los perfiles idóneos para los cargos a ocupar y de los lineamientos que deben regir a esa institución en los próximos años a fin de restituirle su credibilidad y su autoridad moral, demolidas por el mal desempeño del Consejo General pasado durante las campañas y las elecciones presidenciales de julio de 2006. En cambio, la selección de los nuevos funcionarios electorales se caracterizó por las exclusiones sin argumentación, las postulaciones arbitrarias y los vetos inexplicados.
Debe recordarse que el Consejo General que operó el IFE hasta el año pasado fue integrado en el marco de una componenda entre los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), de la que se excluyó al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Unos años más tarde, en las campañas y en las elecciones presidenciales de 2006, el IFE toleró la descarada intromisión presidencial para favorecer a su candidato y perjudicar al opositor; consintió la ilegal incursión propagandística de las cúpulas empresariales en contra del aspirante de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador; sesgó la difusión de los resultados de la jornada del 2 de julio; se negó en redondo a esclarecer las fundadas sospechas en torno a tales resultados y a permitir un recuento de los sufragios y, para colmo, el entonces presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde, se excedió en sus facultades legales al proclamar a un vencedor de los comicios, con lo que dejó al descubierto su parcialidad y su supeditación al Poder Ejecutivo.
De noviembre del año pasado a ayer se llevó a cabo una redición de la componenda, con la única diferencia de que en esta ocasión se permitió participar en ella a los legisladores perredistas y hasta se terminó por aceptar a la persona propuesta por ellos para la presidencia del IFE. Los excluidos, en esta ocasión, fueron los ciudadanos en su conjunto. Sin dar oportunidad al debate y a la exposición de programas por parte de los posibles, y sin recabar el sentir de la sociedad sobre las trayectorias que mejor podrían garantizar el regreso de la independencia y la imparcialidad al organismo electoral, los partidos políticos se dieron a sí mismos un arbitraje tan dudoso como el anterior.
En suma: si la designación de los tres nuevos funcionarios electorales, incluido el consejero presidente, no se decidió con base en las capacidades personales y en el debate público, cabe sospechar que se haya fundado en el cálculo de lealtades de los postulados a los postulantes, en intercambios de posiciones de poder por apoyos parlamentarios y en concesiones en materia de programa político. Es real e inevitable, por ello, el riesgo de que los funcionarios recién designados no se conduzcan con la imparcialidad necesaria y que actúen no con el propósito de cumplir la ley sino para pagar favores. Más allá del organismo electoral, cabe preguntarse qué habrá comprometido la bancada del sol azteca a cambio de que los diputados panistas y priístas aceptaran entregar la presidencia del organismo electoral a una persona propuesta por el PRD. Más aún, hay margen para dudar de que este “nuevo IFE” sea capaz de remontar la sima de desprestigio a la que lo condujo el anterior Consejo General, encabezado por Luis Carlos Ugalde.