Escucha alta comisionada de la ONU quejas en Guerrero
Acusan a Zeferino Torreblanca de criminalizar la lucha social
Chilpancingo, 7 de febrero. Una larga lista de denuncias presentaron hoy organizaciones sociales e indígenas en el municipio de Huamuxtitlán, en la zona de la Montaña Alta, y en Chilpancingo, a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Loiuse Arbour. La más insistente: que el gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo ha “criminalizado la lucha social”. Arbour les respondió que en Guerrero, “al igual que en otras partes, ha habido una larga historia de exclusión, de pobreza y de violación de derechos humanos”.
Recordó que el miércoles pasado firmó un convenio con el gobierno federal para fortalecer en México el trabajo de esa oficina de la Organización de Naciones Unidas, “se tiene presencia desde el año 2002, pero no se había trabajado a escala estatal”. Apuntó que el diagnóstico y plan de acción a seguir en el país deberá incluir a Guerrero.
Se dijo “impresionada” por el trabajo desarrollado por la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. “Al poner sobre la mesa sus puntos de vista tuve la oportunidad de entrevistarme con las ONG y saber lo que les preocupa”.
Javier Monroy, del Taller de Desarrollo Comunitario, denunció que el gobierno estatal está criminalizando la lucha social, y al mismo tiempo recordó que continúan las desapariciones en la entidad. “Se han cerrado los canales de interlocución entre la sociedad y el gobierno, que por cierto ha pasado de la cerrazón a la represión, y finalmente a la criminalización de la lucha social; hay algunas acciones urgentes que nos interesa señalarle, como es el caso de la asignación de las plazas de maestros a los egresados de la Normal de Ayotzinapa”.
Durante la reunión, el ejidatario César Sabino Palma denunció que el gobierno estatal pretende arrebatarle 78 hectáreas de tierra en la zona exclusiva de Punta Diamante. “Son el patrimonio familiar, que data de hace 100 años”.
También el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pidió la intervención de la alta comisionada ante los gobiernos federal y estatal para que se desistan de las órdenes de aprehensión en contra de 28 jóvenes que fueron detenidos el año pasado durante el desalojo ocurrido el 14 de noviembre en la caseta de cobro de La Venta, en el puerto de Acapulco.