Temen que el embate continúe todo el sexenio
2007, año de cerco a los derechos humanos: ONG
El Centro Pro Juárez presentó su informe de actividades
Impunidad, úlcera del sistema, dice Miguel Concha
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, presentó ayer su informe 2007, denominado Hacia 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco en torno a los derechos humanos, en el que destacó que pese al tantas veces proclamado tránsito a la democracia, diversas estructuras mantienen vigente un estado de privilegios de impunidad que debilita los mecanismos de participación y excluye a las mayorías.
El titular del Centro Prodh aseveró que el actual gobierno guarda un silencio preocupante respecto a temas fundamentales de la agenda de derechos humanos y se carece “de una verdadera política de Estado que permita avanzar en el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la firma y ratificación de los instrumentos internacionales respectivos”.
El informe que dio a conocer ayer Arriaga se inscribe en el contexto de los 20 años de fundación de ese centro y “reafirma su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos”.
Luis Arriaga expuso que la estrategia de seguridad pública que ha sido articulada alrededor del llamado “combate al crimen organizado, y los operativos impulsados desde el inicio de la gestión de Felipe Calderón, representan una medida de naturaleza excepcional que implica restricciones a derechos fundamentales que van más allá de las limitaciones autorizadas en periodos ordinarios”.
Además, abundó, la participación de militares en labores de seguridad pública ha aumentado los riesgos de violaciones a derechos humanos; ejemplo de ello son el asesinato a la familia Esparza Galaviz, en Sinaloa; lo ocurrido a la niña Marlene Caballero, en Guerrero; las violaciones a adolescentes en Nocupétaro, Michoacán, y las graves violaciones como tortura, detenciones ilegales, robos y saqueos de domicilios que cometieron militares en Carácuaro, Huetamo y Apatzingán, Michoacán.
Arriaga subrayó que las violaciones a derechos humanos tienen además otra fuente: la carencia de marcos legales que regulen la utilización de la fuerza por parte de las corporaciones policiales, comportamiento advertido en la represión a los altermundistas en Guadalajara, en 2004, las represiones a trabajadores de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y San Salvador Atenco, estado de México, en 2006, y en Oaxaca durante los dos años anteriores.
También en el informe se da cuenta de las violaciones a los derechos de los migrantes que cruzan territorio mexicano para llegar a Estados Unidos y a los mexicanos que los auxilian de manera humanitaria.
Otra preocupación que expuso el director del Centro Prodh fue la criminalización de la protesta y la persecución y hostigamiento a defensores de derechos humanos.
El informe fue comentado por el padre Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quien destacó que el documento da voz a las víctimas, hace la crítica a la militarización, a la criminalización de la protesta social, pero sobre todo señala que sigue la impunidad, lo cual constituye la gran úlcera del sistema de justicia.
También la investigadora Magdalena Gómez comentó el informe y dijo que en el calderonismo “no vamos a encontrar voluntad de respeto a los derechos humanos, porque es un régimen surgido de un no respeto a los mismos”.