El campo no debe ser moneda de cambio
El tono de la gran manifestación encabezada por el movimiento Sin maíz no hay país lo pusieron los contingentes rurales, provenientes de Chihuahua y otros estados circunvecinos, pero en realidad se trató de una protesta popular muy amplia y variada, surgida como expresión del malestar que, inaudible para las autoridades, recorre el país. Allí estaban los grupos de agricultores y campesinos cuya voz fue debilitada en los días triunfales de la gran reforma modernizadora, entre ellos los herederos de las centrales oficialistas con sus líderes, acostumbrados a la negociación particular con el poder, pero también desfilaron las permanentes vanguardias del acosado mundo sindical. Electricistas, telefonistas, universitarios, trabajadores de la salud, mineros, maestros, asalariados, subempleados, víctimas prematuras de la recesión, presuntos conejillos de indias en el fallido intento de integración productiva y seguros destinatarios de la reforma laboral en ciernes. Reaccionan todos contra la carestía, mano a mano con las organizaciones del campo, a sabiendas de que, bajo las pretensiones oficialistas de asestarle un golpe al “clientelismo” y al monopolio sindical, apenas se disimula el intento de reducir a cero la contratación colectiva, junto a los demás derechos laborales consagrados en la Constitución. Incluso el llamado Frente de Legisladores del Sector Rural, integrado por diputados y senadores de origen priísta, publicó un desplegado el 30 de enero pidiendo la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En las jornadas de protesta, campesinos y obreros se encadenan a las demandas ciudadanas, las expresan sin gremialismo posible. La defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria dependen de la recuperación del campo, pero su exigencia final proviene de los “consumidores del país”, es decir, de esa inmensa mayoría a la que poco dicen las explicaciones estadísticas sobre el éxito del TLCAN o las encuestas que marcan el sube y baja de la popularidad presidencial. Bajo la exigencia de abrir el debate del capítulo rural del acuerdo se agrupan banderas disímbolas, intereses particulares, pero sobre todo desfilan y se exhiben los grandes mitos de la ideología neoliberal, las promesas oficialistas repetidas durante los últimos tres lustros. El discurso sobre las “asimetrías”, tan solicitado y recurrente en los tiempos de la negociación, desapareció de la escena sin que la tarea correspondiente se hubiera cumplido. Al entusiasmo exportador sucedió la alegría de las grandes cifras, el recuento de los negocios instantáneos con aroma oligárquico, sin ver relación alguna entre esos datos, el fracaso de la reforma al artículo 27 para asociar capitales con el “sector social” y la declinación real del universo rural como hábitat de millones de personas. Hablar de mercado interno o industrialización resultaban frases huecas, anacronismos sin sentido ante las oportunidades abiertas por la integración global.
Resultado: al cabo de 15 años de TLCAN tenemos varios millones de mexicano del otro lado de la frontera y “nuestra” gloriosa modernización, que debía fluir acompasada por el ritmo del mercado, sigue sin ser la base sólida que el crecimiento reclama. No hay redistribución del ingreso. El empleo no crece al ritmo que la demografía y el desarrollo reclaman. Se defiende la productividad lograda en el campo gracias al TLCAN sin vincular los datos con la desigualdad realmente existente, como si, en efecto, la única vara para medir el virtuosismo de ciertas políticas fuera el rendimiento en términos de los beneficios obtenidos por algunos cuantos productores, sin medir cuáles son sus verdaderos alcances sociales. Pero si alguien cuestiona en ese punto la eficacia del mercado para evitar la concentración de la riqueza y mejorar las condiciones de vida de los más pobres, se dice entonces que tal argumento no vale pues es simple ideología, ataque “por principio” a la libertad de empresa, o vulgar nostalgia del pasado corporativo y autoritario, sin recordar que la tragedia campesina –y sus testimonios de sacrificio– no comenzó ayer, aunque desde siempre fuera el basamento último de la relativa prosperidad de los que se hallaban –los menos– en los escalones superiores. En rigor: “La aplicación de las estrategias y programas diseñados, así como los recursos aplicados en ellos para evitar el impacto negativo del tratado no funcionaron a cabalidad. La ilusión de que con la firma del TLCAN se obtendrían alimentos baratos y suficientes se ha desvanecido con el tiempo”. Las anteriores palabras, tomadas del documento emitido por los secretarios del ramo de los gobiernos del PRD, es un valioso ejercicio que se suma a otros en el mismo tenor, pues no solamente es una reacción ante la apertura al maíz, motivo de la protesta, sino que propone un conjunto de medidas urgentes, entre las cuales destaca la necesidad de aprobar la Ley Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria, lo mismo que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ambas ya en poder del Congreso pero ninguneadas por el gobierno federal, mucho más preocupado por hacer pasar “sus” reformas estructurales.
Reducir la desigualdad en el mundo rural y entre éste y los grandes productores globales implica revisar la política de subsidios y “canalizar recursos directos a los trabajadores del campo y sus organizaciones, para incrementar la competitividad en producción y comercialización de sus cosechas”, tema que una y otra vez reaparece sin que las autoridades adopten medidas efectivas e inmediatas. Combatir la corrupción, la especulación y el acaparamiento de manera eficaz y permanente debería ser la regla número uno. Sin embargo, pasan los años, cambian los gobiernos y dichas prácticas subsisten. A nadie sorprende, pues, que se pida públicamente el establecimiento de “un programa contra el hambre y la desnutrición”. Décadas de combate a la pobreza, de disputas en torno a cálculos y estimaciones, amenazan con hacer de la tragedia de millones de mexicanos una estadística entre otras, como si, en efecto, el progreso nacional se midiera sólo por el número de nuevos ricos y la magnitud de las fortunas que puedan amasar.
PD. Antes de la reunión que sostendrían la cúpula del PRI (y de la CNC) con el Presidente en Los Pinos, el inefable pastor de los diputados tricolores hizo este comentario memorable recogido ayer por La Jornada: “si amenazamos al Presidente, nos manda a la chingada y no sacamos lo de Petróleos Mexicanos” (nota firmada por José Antonio Román, Enrique Méndez y Roberto Garduño). No plantearon la renuncia del secretario de Agricultura y la cuestión del TLCAN, rechazada por Calderón, pasó a otro plano. ¿Y qué con el petróleo, señor diputado? ¿Ya está lista la bolsa con la moneda de cambio?