Ex funcionario de la Corte litiga contra el GDF
Pedro Alberto Nava Malagón, ex titular de la Unidad de Controversias Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y uno de los juristas que en abril de 2005, tras el proceso de desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo la tesis de que la Cámara de Diputados, al aprobar el dictamen, destituyó al tabasqueño, presta ahora sus servicios a la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas Barrón, contra el actual mandatario capitalino, Marcelo Ebrard.
Nava Malagón encabeza la estrategia jurídica de la delegada panista, quien no sólo se ha opuesto a disposiciones de la administración central, orientadas a lograr una mejor contratación de servicios bancarios para la administración de recursos y otros mecanismos tendientes a tener mayor control y rendimiento de los mismos, sino a acciones para fomentar la inversión en determinadas zonas de la ciudad, los llamados “corredores de integración y desarrollo”, aún cuando ninguno está en su jurisdicción.
Sólo en el primer año de la actual administración, Cuevas Barrón promovió cuatro controversias constitucionales: la 43/2007, contra la circular uno bis 2007, “normatividad en materia de administración de recursos para las delegaciones del GDF”, de la Oficialía Mayor; la 65/2007, contra las reglas generales para la contratación de servicios bancarios para la administración de recursos, emitida por la Secretaría de Finanzas; la 76/2007, contra el acuerdo que reforma y deroga el diverso que crea la ventanilla única de la Seduvi, del jefe de Gobierno, y la 77/2007, contra el acuerdo que delega en el titular y directores generales de la Seduvi la atribución de expedir y revocar licencias para instalar, construir, colocar, fijar, modificar, desmantelar y demoler anuncios de publicidad exterior, en el marco del programa de reordenamiento y recuperación de la imagen urbana.
En lo que va del año presentó otro recurso de inconstitucionalidad, el 8/2008, contra el acuerdo para otorgar facilidades y beneficios para la ejecución de acciones en los corredores de integración y desarrollo del mandatario capitalino.
Cuevas interpuso además dos recursos contra resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que fueron desechadas “por notoriamente improcedentes”.