Políticos disfrazados de reformistas atentan contra logros de mexicanos: Arnoldo Ochoa
A más de un año en el poder, Calderón exhorta a lograr pacto por la legalidad
Instalan en Querétaro cerco de vigilancia para evitar que manifestantes opacaran la conmemoración del 91 aniversario de la promulgación de la Carta Magna
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Felipe Calderón, acompañado entre otros por Guillermo Ortiz Mayagoitia (derecha), presidente de la Suprema Corte, escuchó a cinco oradores en la ceremonia
Foto: José Carlo González
Querétaro, Qro., 5 de febrero. El presidente Felipe Calderón llamó a suscribir un pacto nacional por la legalidad y la seguridad, que implica el compromiso de someter coincidencias y divergencias al cauce institucional establecido por la Constitución.
La Carta Magna y el estado de derecho, advirtió, no deben ser mito esculpido en piedra sino el ideal que conduzca a la nación hacia un destino de justicia y prosperidad. Esta generación, dijo, debe ser la de los acuerdos y de la corresponsabilidad.
Protegidos por un amplio cerco de vallas y policías, el michoacano, los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como integrantes del gabinete y 17 gobernadores, conmemoraron en el Teatro de la República de esta ciudad el 91 aniversario de la promulgación de la Carta Magna.
En ese histórico recinto, seis oradores pronunciaron las mismas frases de cada año en defensa de la Constitución y de las leyes, aderezadas con la retórica propia de cada sexenio.
En medio del debate sobre la privatización del petróleo, Calderón, quien portaba la banda presidencial, recordó que en 1917 los constitucionalistas hicieron a un lado cualquier diferencia ideológica y establecieron las garantías individuales, el federalismo y la división de poderes, e incorporaron, entre otros aspectos, la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales, así como las reivindicaciones enarboladas por los líderes de la Revolución Mexicana.
Entre evocaciones a Benito Juárez, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, señaló que los gobernantes son los primeros obligados en cumplir la ley y que los ciudadanos deben siempre exigir sus derechos.
Sentados en la primera fila del podio, los protagonistas centrales de esta ceremonia fueron además los secretarios de Defensa, Guillermo Galván Galván; de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; los representantes del Senado, Santiago Creel y de la Cámara de Diputados, el priísta Arnoldo Ochoa; el gobernador anfitrión del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Garrido Patrón; lo mismo que el de Campeche y presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Jorge Carlos Hurtado; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el secretario de Marina, Mariano Francisco Saynes Mendoza.
Atrás de ellos fueron ubicados 17 gobernadores surgidos de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y PAN, así como el consejero presidente provisional del Instituto Federal Electoral, Andrés Albo; el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, así como 13 secretarios de Estado y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
Ante ellos y cientos de invitados, Calderón Hinojosa declaró que nadie puede estar por encima de la ley, porque así lo ordena la Constitución. El poder del Estado, dijo, está subordinado al orden jurídico vigente en un ambiente de respeto a los derechos de las personas y al orden público.
Poderes fácticos
El priísta Arnoldo Ochoa acusó a actores políticos e intereses fácticos escudados en un supuesto reformismo moderno, de intentar menoscabar lo logrado por los mexicanos, y dijo que de lograr su propósito asestarían un golpe mortal al espíritu progresista del constituyente de 1917.
La Constitución, añadió, debe combatir y acotar nuevos absolutismos que no implica el poder absoluto de las dictaduras del siglo XIX, sino la expresión sofisticada que socava el poder público democrático de los poderes fácticos en el siglo XXI, plantear límites y obligaciones para las mayorías políticas y, sobre todo límites para los actores voraces del mercado.
Creel, por su parte, reivindicó el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el órgano que interpreta la Constitución de modo definitivo y concluyente, como órgano límite del Estado mexicano, cuyas sentencias no se discuten, dijo, se acatan.