La SFP debió dictaminar, desde diciembre, si el instituto ha cumplido con la ley

Falta casi 20 por ciento de las 300 obras de arte donadas al Helénico: Moncada

Estar inscrito en el Indesol no lo libera de la fiscalización, aclara el director del centro cultural que allí funciona

Nunca se ha montado muestra alguna con ese acervo, asegura

Carlos Paul

La Secretaría de la Función Pública (SFP), por conducto del Indabin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), desde diciembre del año pasado debería haber entregado el dictamen oficial sobre si el Instituto Cultural Helénico ha cumplido con la normatividad prevista en el decreto presidencial de donación –emitido en 1979–, mediante el cual se le cede la propiedad del predio ubicado en avenida Revolución 1500, con la condición de dedicarlo a actividades culturales.

Dicho dictamen debe incluir también “el estudio del patrimonio artístico que recibió el instituto, es decir, cuál ha sido el uso y conservación que se le ha dado, ya que el Estado donó a dicha asociación no sólo el inmueble, sino también un conjunto de obras artísticas e históricas de más de 300 piezas, entre cuadros, esculturas y mobiliario”, explicó a La Jornada, Luis Mario Moncada, director del Centro Cultural Helénico.

Algunas de esas obras, dijo, “datan de varios siglos. Es un acervo fundamental”.

Previo al dictamen que la SFP debe entregar, añadió Moncada, “detectamos que de las más de 300 piezas, faltaba alrededor de 20 por ciento”.

Cabe recordar que el Instituto Cultural Helénico es una asociación civil que, gracias a dicho decreto, emitido por el entonces presidente José López Portillo, ostenta desde 1979 la propiedad del citado predio.

Desde 1990 y hasta el año pasado, el instituto convino con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), por conducto del Centro Cultural Helénico, ceder, mediante un pago anual, la administración de los espacios teatrales ubicados en el inmueble. “En 2006, el pago fue de 2 millones 55 mil pesos”.

El conflicto entre ambas instituciones surgió en 2004, cuando se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el apartado correspondiente a que cualquier asociación civil que recibe apoyos o donativos del gobierno debe inscribirse en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, dependiente del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), obligándose a presentar sus estados financieros, acompañados de un informe sobre el destino de los mismos.

“Durante dos años se solicitó al instituto (Cultural Helénico) que debería registrarse para renovar el convenio”, explicó Moncada.

Todo ese tiempo se negó, con el argumento de que “por ser iniciativa privada, el gobierno no tenía por qué fiscalizar sus cuentas”.

En su momento, el Instituto Cultural Helénico, en un comunicado hecho llegar a esta redacción, apuntó:

“El instituto no debe solicitar inscripción porque no recibe apoyo. Cuando se concertan provechos y gravámenes recíprocos hay pago, no apoyo.”

Asimismo, manifestaron que “la salud financiera del instituto le permite hacerse cargo de la administración de los teatros, siempre que éstos sean productivos y no constituyan una carga para sus otras actividades culturales”.

Exhorto de legisladores

De acuerdo con el titular del Centro Cultural Helénico, hoy día esa situación ha cambiado, pues “en fecha reciente el instituto, como asociación civil, determinó inscribirse en el Indesol, lo que significaría que se colocan en un estado de legalidad para establecer un nuevo convenio”.

Sin embargo, “el instituto no está libre de la fiscalización, pues el decreto de donación –subrayó Moncada– facultaba a la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, a ser la encargada de verificar de manera periódica el inmueble; y a la entonces Secretaría de Comercio, darle seguimiento a los bienes muebles o patrimonio artístico, los cuales fueron donados con la condición de que fueran utilizados para fines culturales”.

En el citado comunicado, el instituto argumenta: “El CNCA afirma que por su intervención los teatros no están destinados a nuestro objetivo, y en el mismo acto se contradice al reconocer que el uso de los teatros es con fines culturales y que en los últimos 16 años ha recogido notables frutos”.

Desde nuestra perspectiva, destacó por su parte Moncada, “ha sido el Centro Cultural Helénico el que ha cumplido con la obligación de darle soporte a la vida cultural del inmueble y, a cambio, ha tenido que pagar al instituto por utilizar los espacios que previamente se le habían donado. Inclusive, a más de 25 años, por ejemplo, el instituto no ha organizado ninguna exposición con el patrimonio artístico también donado”.

Ante el diferendo, los diputados José Alfonso Suárez del Real y María de las Nieves Blanco Noriega, así como la senadora María Rojo, en representación de las comisiones de Cultura del Congreso, en julio de 2007, hicieron un exhorto a la SFP para que dictamine “la conveniencia de anular el decreto que enajena en favor del Instituto Cultural Helénico, el inmueble ubicado en avenida Revolución 1500, ya que –manifestaron– no ha cumplido con los propósitos originales para los que se le proporcionó. Los teatros que ahí se ubican no pertenecen para un negocio especial o particular de nadie.

“Dicho dictamen sobre si el instituto ha cumplido con la normatividad del decreto de donación –concluyó Moncada– es responsabilidad de la SFP, y ésta debería haber emitido un dictamen a finales de diciembre pasado.”