Impunes, 391 asesinatos y 16 secuestros; responsabiliza ONG al gobierno estatal
En Guerrero, 107 desaparecidos en 14 meses
Ampliar la imagen
Integrantes del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, durante la conferencia de prensa que ofrecieron en el zócalo de Chilpancingo para exigir la localización de las víctimas y castigo a los responsables
Foto: Óscar Alvarado
Chilpancingo, Gro., 4 de febrero. Durante los últimos 14 meses se han documentado en la entidad 107 desapariciones, 16 secuestros y 391 asesinatos, sin que los tres niveles de gobierno esclarezcan los hechos ni castiguen a los responsables, declaró el Comité de Amigos y Familiares de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.
De acuerdo con un recuento elaborado por el mencionado comité y por el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) –basado en archivos propios y notas periodísticas–, la mayoría de los delitos ocurrieron en Acapulco, Chilpancingo, Atoyac, Zihuatanejo, Iguala y Tecpan de Galeana.
La lista detalla la fecha y lugar de los hechos, el nombre del occiso, secuestrado o desaparecido y la situación de estas personas al 31 de enero.
Familiares de desaparecidos, asesinados y secuestrados responsabilizaron “por acción u omisión” al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
María de Jesús Cisneros Martínez, madre de Ludwig Hernández Cisneros, de 27 años de edad, cuyo paradero se ignora desde el 23 de mayo de 2007, destacó que la mayoría de las desapariciones tienen en común que las víctimas fueron interceptadas “por hombres vestidos de negro y con armas largas, que se transportaban en camionetas de modelo reciente, sin placas y con vidrios polarizados.
“Por ello hablamos de desapariciones forzadas. Todo indica que en esto han intervenido cuerpos policíacos, cuyos mandos son finalmente el procurador estatal (Eduardo Murueta Urrutia), el secretario de Gobierno (Armando Chavarría Barrera) y el propio gobernador”, dice un comunicado del comité y de Tadeco.
Consideraron que la violencia y la inseguridad en Guerrero son resultado de una política gubernamental que protege a “los ricos, los grandes empresarios y los grandes narcotraficantes”.