¿Huelga política?
Hoy por hoy mi casa de trabajo es la Universidad Veracruzana (UV), adonde fui invitado a colaborar en un gran proyecto de reforma y modernización que comenzó a dar sus primeros pasos después de obtener, apenas hace 10 años, su autonomía plena.
A aquellos primeros pasos se sumaron importantes nuevas definiciones hechas hace casi tres años, para servir de norte académico a las reformas que se han ido poniendo paulatinamente en marcha: la UV como palanca del desarrollo sustentable del estado; el aterrizaje de esa tesis en la definición de las potencialidades y vocaciones regionales en las que se encuentran enclavados sus cinco campus distribuidos en 23 localidades en el territorio veracruzano; en consecuencia de lo anterior, expandir y diversificar su oferta educativa, modernizar sus modelos pedagógicos teniendo como referencia la revolución educativa en el mundo (en septiembre pasado, por ejemplo, la UV fue aceptada como la primera universidad pública mexicana que es miembro de la Magna Charta Universitatum que rige el proceso de Bolonia), preparar sus primeros pasos hacia la departamentalización, con el objetivo, a mediano plazo, de adoptar, en los programas en los que técnicamente sea factible, el modelo comúnmente llamado 3-2-3, de doctorados tempranos; acreditar en breve plazo todos sus programas de licenciatura y completar el registro de los programas de posgrado en el Patrón de Excelencia de Conacyt, entre muchas otras iniciativas.
Pero con el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la UV (SETSUV) hemos topado. El gremio ha tenido de dirigente por 32 años a Eloína Vargas Merino. Ha sido hasta ahora un muro impermeable, como es evidente, a la gradual penetración de los procedimientos democráticos que han ido impregnando todas las esferas de la vida social, y se ha constituido en obstáculo repelente a los esfuerzos de reforma en que está empeñada la UV. Es, así, el único sector de la UV que no se ha sumado a ese valiosísimo esfuerzo que, sin duda, en breves años arrojará beneficios mil a la sociedad veracruzana.
Y no se ha sumado a pesar de que las autoridades universitarias han puesto en sus manos el mismo instrumento de evaluación que poseen los académicos –la evaluación por desempeño–, que habría permitido mejorar más aún los ingresos de los trabajadores manuales y administrativos. No es extraño que sean los mecanismos corporativos que la señora fue montando cuando esos mecanismos operaban en toda la esfera pública, lo que la mantiene al frente del sindicato y que, cada vez más, la legitimidad que proviene del apoyo de los trabajadores decaiga. Los trabajadores no pueden mejorar más, porque el sindicato lo impide. Dar paso al instrumento de evaluación que le ha sido propuesto, esa dirigencia parece verlo como pérdida del control que ejerce sobre los trabajadores mismos.
Ahora la señora ha estallado una huelga desde el sábado pasado en la UV. En la institución todos saben cómo integra con sus incondicionales el consejo general de huelga.
Las autoridades hacendarias del país, que suministran los recursos a las universidades públicas, fijaron este año un aumento de 4.25 de aumento al salario para estas instituciones, más 1.2 por ciento en prestaciones no ligadas, tanto para el personal académico como el administrativo. La UV ofreció un incremento salarial de 4.5 por ciento, retroactivo al 1º de enero de este año. Propuso, asimismo, un aumento de 1.5 por ciento en prestaciones, y por tratarse de un año de revisión contractual –no sólo una revisión de incremento salarial–, otro 1.5 por ciento en otras prestaciones. Esta propuesta es hoy la más alta que haya hecho ninguna otra universidad pública: 7.5 por ciento.
¿Por qué la señora Vargas no se ha incorporado al proceso de reforma de la UV y, peor aún, se ha convertido en un obstáculo a la misma? Probablemente porque su mentalidad proviene de la prehistoria democrática del país, durante la cual los valores del poder no se apoyaban en el desarrollo de la sociedad. ¿Por qué no acepta la mejor propuesta que se haya hecho hasta ahora a cualquier sindicato universitario y prefiere infligir a la institución daños graves –sólo por obras paralizadas la UV perderá unos 63 mil 500 pesos diarios–, y daña asimismo a los trabajadores que con la huelga pierden al hacerlos volver al punto de origen de sólo percibir 4.25 de aumento salarial y 1.2 de prestaciones? Seguramente porque la valoración de sus decisiones es que estos daños están por debajo de las ganancias políticas que ella y sus aliados políticos pueden obtener. Todo parecería indicar que se trata de una huelga política que hiere gravemente la autonomía universitaria, y perjudica a la institución y a sus estudiantes.
No puede descartarse, sin embargo, que mis apreciaciones acerca de los motivos de la señora y mis hipótesis acerca de esos mismos motivos sean percibidos del mismo modo por actores que se mueven en el entorno de la dirigencia, que pueden saber también que hay un tipo de negociación llamada de gana-gana o de suma variable. En ella ambas partes terminan ganando: es típicamente el caso de un contrato colectivo. En esta hipótesis el SETSUV podría recapacitar a tiempo.