Evalúa alianza de trabajadores solicitar juicio político contra Ortiz Mayagoitia

Descuentos a 350 mil burócratas porque el PJF avisó a destiempo sobre amparos

El día 15 empezará con un mitin el “plan de acción” contra la nueva Ley del ISSSTE

Alfredo Méndez

Antonio Vital, dirigente de la Coordinación Nacional de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, que encabeza a decenas de burócratas inconformes con la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), denunció ayer que el Poder Judicial Federal (PJF) no notificó a tiempo a diversas autoridades gubernamentales que en cerca de 350 mil casos se concedió la suspensión definitiva a los quejosos para evitar que en el primer mes de este año se les descontara el saldo correspondiente al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

“Estamos analizando la posibilidad de pedir juicio político contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien es la cabeza del PJF), porque no se notificó a tiempo a diversas dependencias públicas del estado de México y de otras entidades, y ya les aplicaron los descuentos para el llamado Pensionissste, pese a que tenían la suspensión”, indicó Vital en conferencia de prensa, realizada en las escalinatas del máximo tribunal del país.

Agregó que el martes próximo tendrán una audiencia con Ortiz Mayagoitia, a quien exigirán que explique por qué no se informó a tiempo sobre la existencia de unas 350 mil suspensiones en vía de amparo.

Dijo que el próximo 15 de febrero se iniciará el “plan de acción” contra el ordenamiento impugnado, que incluirá un mitin frente a las instalaciones del ISSSTE. “Estamos exigiendo la basificación de 330 mil trabajadores que tienen derecho a ella”, puntualizó.

Vital aseguró que diversos artículos transitorios de la Ley del ISSSTE son inconstitucionales y perjudicarán a los burócratas. “Los artículos 24, 26 y 27 del ordenamiento señalan que el Pensionissste debe tomar la administración de las aportaciones al seguro de retiro y vejez, así como del Fovissste, las cuales se van a depositar en una cuenta que va a tener el Banco de México. Posteriormente las transferirán al Pensionissste, el cual, según algunos cálculos, requiere 100 mil millones de pesos para financiamiento.”

Por lo anterior, refirió, al no solicitar el consentimiento de los trabajadores para ese traspaso, “esos artículos establecen en los hechos una confiscación del ahorro y el amparo es contra ese decomiso”.