Criminalización de la protesta social, en la agenda
ONG enlistan abusos a exponer a alta comisionada de la ONU
Las organizaciones civiles y de defensa de derechos humanos expondrán este martes a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Louise Arbour, un panorama sobre la situación del tema en el país: “impunidad en las investigaciones de los más de 500 desaparecidos de la guerra sucia y en los crímenes de 423 mujeres de Ciudad Juárez; su preocupación por las reformas en materia de justicia, la criminalización de la protesta social, los ataques a defensores y a la libertad de expresión”.
Otros temas que organizaciones sociales y civiles expondrán a la ACNUDH serán: la persistencia de la tortura, la continuación de las desapariciones forzadas, la situación de los indígenas y la participación militar en la seguridad pública.
Grupos como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus informes de 2007, señalaron al gobierno mexicano que “el sistema penal continúa teniendo problemas generalizados en derechos humanos, y las personas que se encuentran detenidas o en prisión son sometidas a malos tratos y torturas”.
HRW destacó que “es común que los funcionarios encargados de la aplicación de la ley no investiguen ni juzguen a quienes son responsables por las violaciones de derechos”. La tortura, añadió, “continúa siendo un problema extendido dentro del sistema de justicia y un factor que contribuye a ello radica en que algunos jueces dan valor a las pruebas obtenidas bajo coacción, malos tratos o abusos”.
En el caso de las reformas penales, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Católicas por el Derecho a Decidir y Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos sostienen: “Aunque la reforma constituye un paso hacia la transformación de la justicia en México, mediante la adopción de un modelo de enjuiciamiento penal acusatorio, resulta preocupante que a la vez configure un régimen particular para las personas a quienes se impute su pertenencia a la delincuencia organizada.
“En los términos en que ha sido redactado el dictamen, dichas personas quedarían sustraídas de la protección conferida por las garantías del debido proceso. Esta circunstancia, grave por sí misma, es aún más preocupante si se considera que en México se han documentado casos en los que más por motivos políticos que jurídicos, falsamente se acusa a personas inocentes de ‘pertenecer’ a la delincuencia organizada.”
Consideran contradictorio que una reforma legislativa, que pretende promover el avance hacia un nuevo sistema de justicia, incluya normas que legalizan prácticas típicas del modelo de justicia que se pretende superar, como “el arraigo, o el allanamiento sin orden judicial”.
Preocupa a las organizaciones civiles que “se amplíen las facultades del Ministerio Público y la policía, bajo el argumento de que el Estado necesita mayores herramientas para combatir al crimen organizado”.
Subrayan que el Estado cuenta con las herramientas suficientes para las labores de seguridad y justicia en un marco democrático de respeto a los derechos humanos. Si los resultados de esas labores hasta hoy “son exiguos, se debe a la corrupción e ineficacia de los agentes”.
La CIDH destacó en su informe de 2007 que la fiscalía que se creó durante el gobierno de Vicente Fox para investigar los crímenes del pasado “no ofreció resultados”. Al concluir el gobierno foxista “no cuestionó la jurisdicción militar que había garantizado la impunidad de los militares acusados de violaciones graves de derechos humanos”.
HRW en su informe 2007 señaló que esa fiscalía “no logró siquiera una condena, hubo avances muy limitados en la investigación, y el presidente Felipe Calderón la cerró en marzo de 2007”.