Editorial
IFE: redición de los errores
El líder de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, Emilio Gamboa Patrón, afirmó ayer que la elección de los tres nuevos funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE) –incluido el consejero presidente–, que estaba prevista para los primeros días de febrero, podría llevarse a cabo con o sin la participación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y adelantó que para ello el tricolor buscaría “amarrar” un acuerdo con el Partido Acción Nacional (PAN) y de ese modo lograr las dos terceras partes del total de los votos necesarios para la elección de los consejeros.
Ha de recordarse que ante la falta de consenso por parte de las tres principales fuerzas políticas del país, y tras un lamentable manoseo de los nombres y trayectorias personales de los candidatos a dirigir el órgano electoral, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió a finales del año pasado posponer para febrero próximo el nombramiento de los nuevos integrantes del Consejo General, por más que la decisión habría debido tomarse, según lo estipulado en el marco de la reforma electoral, en las primeras semanas de diciembre. La postergación de los nombramientos fue, pues, un hecho lamentable y legalmente desaseado, porque exhibió la poca seriedad y el escaso compromiso institucional con que los diputados abordaron la tarea de promover el recambio en la dirigencia del IFE, imprescindible para iniciar el saneamiento de la maltrecha imagen del organismo; en cambio, los nombramientos fueron convertidos en una pugna de cuotas de poder en el colegiado que encabeza el instituto electoral.
En este contexto, lo dicho ayer por Gamboa Patrón plantea la alarmante perspectiva de que las cosas vayan a peor y de que Acción Nacional y el Revolucionario Institucional decidan repetir el escenario de la designación de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del IFE, producto de una componenda en octubre de 2003 entre las fracciones parlamentarias de esos dos partidos, a pesar de la inconformidad de las bancadas del PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia, que calificaron el proceso de “partidista y antidemocrático”.
Como era previsible, el consejo electoral encabezado por Ugalde –uno de los hombres de confianza de Elba Esther Gordillo– no quiso o no pudo aplicar la legislación electoral vigente, exhibió su parcialidad en favor del partido en el gobierno y toleró la campaña proselitista que la presidencia de Vicente Fox echó a andar, en forma por demás ilegal, para denostar al principal candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador –contra quien las cúpulas empresariales y mediáticas montaron un linchamiento propagandístico, tolerado por los consejeros electorales– y apoyar al aspirante panista, Felipe Calderón Hinojosa. El día de los comicios, el consejero presidente hizo anuncios en una cadena nacional montada en Los Pinos, y él y sus colegas detuvieron la divulgación de los resultados preliminares, con lo que se abrió un vasto margen para la suspicacia y la incredulidad de millones de mexicanos ante las cifras posteriormente difundidas, que daban un estrecho margen de ventaja al candidato del Presidente; después, Ugalde invadió potestades que no le correspondían, al declarar triunfador de la elección presidencial al panista, y se opuso terminantemente a un recuento general de los sufragios, no obstante la documentación de graves y abundantes irregularidades en los conteos oficiales.
Con tales antecedentes, la remoción de la dirigencia del IFE se presentaba como una medida de obvia necesidad y como un primer paso para restaurar la confianza ciudadana en una autoridad electoral sumida en el desprestigio. Sin embargo, los relevos en el organismo de nada servirán si dos de las principales fuerzas políticas del país vuelven a conformar un IFE a modo: de concretarse, esa transacción cerraría toda perspectiva de reconstrucción de la credibilidad del órgano electoral y significaría la pérdida de una porción importante de la ciudadanía, que simplemente no volverá a creer en un IFE conformado por el PRI y el PAN, si no es que una inviabilidad institucional y un descrédito irreparable de los procedimientos democráticos.