Exigen castigar a todo aquel que atente contra la biodiversidad

Sanciones severas al gobierno si daña el medio ambiente, piden magistrados

El campo requiere un cambio de mentalidad en la cultura ecológica, señalan integrantes de tribunales agrarios

Proponen campañas educativas entre pobladores rurales

Matilde Pérez U. (Enviada)

Mérida, Yuc., 30 de enero. Los magistrados de los tribunales agrarios pugnarán en la Cámara de Diputados para que, en la actualización del marco jurídico, sea incorporada a su competencia la resolución de controversias derivadas de contratos de servicios ambientales y de esa manera proteger los derechos de ejidos y comunidades.

Al concluir su quinta reunión en la que el tema central fue el cambio climático, campo y justicia agraria, los magistrados se manifestaron por establecer sanciones a quienes atenten contra la biodiversidad o participen en actividades ilícitas, como la tala clandestina y la destrucción de bosques y selvas.

Las sanciones, dijo en posterior entrevista el presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, también deberán extenderse “al gobierno por no cumplir con sus responsabilidades”, y recordó que dicho órgano judicial ya ha sancionado a Pemex, CFE, Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los daños causados a ejidos y comunidades. “Hay que actuar severamente contra la corrupción, pues no se puede permitir que se violen las leyes y no se haga nada; hay que exigir una visión de Estado y no conformarse sólo con las campañas mediáticas”.

El campo, destacó, es un tema de seguridad e independencia nacional porque allí se producen los alimentos para los mexicanos; “no es un tema sólo de dinero ni se puede atender diciendo que es más barato importar que producir porque esto pone en riesgo el equilibrio”.

En la llamada Declaración de Mérida de los Tribunales Agrarios sobre Cambio Climático, los magistrados asentaron que ante los efectos que ya provoca este fenómeno ambiental y los escenarios proyectados por especialistas, el campo mexicano requiere respuestas colectivas de inmediato, orientadas por las políticas públicas y de organismos internacionales y un cambio de mentalidad que procure una cultura medioambiental.

Propusieron que las políticas sobre cambio climático estén orientadas a cuatro acciones: disminuir, o de preferencia, eliminar las causas generadoras de gases de efecto invernadero; contrarrestar las consecuencias del cambio climático; generar condiciones para que los impactos negativos sean internalizados en las actividades humanas, y aprovechar los impactos positivos para compensar daños, en un marco de solidaridad inter e intrageneracional.

Además, emprender campañas educativas entre los pobladores rurales para reducir actividades humanas altamente depredadoras, como la tala y quema de bosques y selvas, así como ampliar las medidas tendientes a la compensación por servicios medio ambientales.

“Ya no es tiempo de estudios generales sino de profundizaciones específicas para orientar, jerarquizar y realizar acciones directas, por eso el Estado debe dinamizar procesos tendientes a facilitar información de mayor calidad, mejorar la planificación y asignar recursos”, asentaron en el documento de seis cuartillas que entregarán al presidente Felipe Calderón y a los gobernadores de los estados.

Los responsables de defender los derechos agrarios sugirieron que en la fracción 19 del artículo 27 constitucional se reconozca a los tribunales agrarios también como ambientales para que puedan conocer de los daños ecológicos provocados por el cambio climático.