El caso obliga al IFAI a definir criterios para regular datos sobre correos electrónicos

Ordenan entregar información de e-mails enviados por Mouriño desde Los Pinos

Sedena deberá abrir documentos de investigación en reserva sobre Ernestina Ascensión

Quedará clasificado lo relativo a actividades de seguridad nacional en la sierra de Zongolica

Elizabeth Velasco C.

En sesión plenaria, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó Los Pinos entregar los correos electrónicos enviados, recibidos y eliminados por Juan Camilo Mouriño de enero a junio de 2007, periodo en el cual aún se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Hay que destacar que los comisionados advirtieron sobre la imposibilidad de que la Presidencia incurra en una omisión en la entrega de la información con el argumento de la inexistencia de la misma, porque ratificó la existencia de los correos.

Aunado a ello, por primera ocasión el IFAI instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la entrega de documentos que forman parte de una averiguación previa en reserva (que en cualquier momento puede ser reabierta), vinculada con la muerte de la indígena Ernestina Ascensión, en 2007.

Se trata del parte militar 3170, que contiene información sobre la base de operaciones del 63 batallón de infantería en la 26 Zona Militar de la sierra Zongolica, donde la anciana Ascensión presuntamente fue violada en forma tumultuaria por militares.

En la resolución 4429/07, a cargo del comisionado Juan Pablo Guerrero, se ordena, no obstante, la clasificación de todas las actividades de seguridad nacional que realizan las fuerzas armadas en ese lugar, con fundamento en el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia. 

En consecuencia, la Sedena deberá presentar una versión pública que permita la difusión de fragmentos no vinculados con actividades de seguridad nacional. 

Hay que destacar que el recurso fue votado por unanimidad por los cinco comisionados y sienta precedente, en tanto que hasta ayer no se había aprobado la difusión de una indagatoria en reserva, sino sólo cuando ha sido concluida en definitiva.

También el pleno del IFAI ordenó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) la entrega de información sobre los bienes muebles e inmuebles, terrenos, joyas, pinturas, cuadros, dinero, vehículos terrestres, aéreos y marítimos asegurados de 2000 a 2007 por el gobierno federal a personas vinculadas con el crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas, armas y otras actividades ilegales, así como los derivados de delitos de cuello blanco, entre otros.

Según lo aprobado, el SAE sólo debe entregar la lista de lo ya vendido y/o rematado por el gobierno federal, incluyendo la ubicación de los inmuebles. En caso de que aún continúen las averiguaciones respectivas, la información se mantendrá en reserva.

También por mayoría se ordenó clasificar el nombre de las personas que adquirieron alguno de los bienes descritos y el precio de los productos rematados, para evitar alguna afectación a las “capacidades” del SAE en los procesos de venta.

Guerrero emitió un voto particular, tras considerar que debe difundirse el nombre de quienes adquirieron las propiedades aseguradas; en cambio, sí se hará público el nombre de las personas a las que les incautaron esos bienes.

Durante el debate del recurso 3153/07, sobre el caso del ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, los comisionados precisaron que serán confidenciales los correos electrónicos institucionales que contengan información sobre datos personales (domicilio, teléfono, cuentas bancarias, etcétera) o temas de índole personal.

Sin embargo, luego de un prolongado análisis, se acordó hacer público el nombre de los funcionarios que hubieran enviado o recibido los referidos correos, con el propósito de hacer posible su identificación.

Debido a la complejidad de este caso, pues no existe normatividad que regule la información contenida en correos electrónicos de los funcionarios públicos, los comisionados acordaron definir lineamientos que, en su momento, se aplicarán a las más de 240 dependencias del gobierno federal que pudieran ser consultadas.