Presentan diputados paquete de 14 iniciativas; la reforma laboral, descartada
Retoma el PAN pensión para adultos mayores en prioridades legislativas
San Miguel Regla, Hgo., 30 de enero. El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó un paquete de 14 prioridades legislativas que impulsará durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia mañana. La agenda de los panistas no incluye la iniciativa de reforma laboral, pero destaca el impulso para la pensión universal para adultos mayores, programa original del PRD.
Después de tres días de deliberaciones, el panismo en la Cámara de Diputados –integrado por 207 legisladores- concluyó a través de cuatro subcomisiones dar a conocer lo que se dio por llamar prioridades de ese partido.
En ese cuerpo de propuestas destacan las siguientes: construir un diagnóstico común en materia energética, idea que fue dictada el lunes pasado por Felipe Calderón Hinojosa; reforma de las 16 leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional en materia electoral, incluyendo la regulación al derecho de réplica. En este ámbito, se prevén modificaciones a la Ley de Radio y Televisión en materia electoral.
Acción Nacional también pretende concluir la reforma constitucional en materia judicial, cuya minuta se encuentra en la Cámara de Senadores; reformar el artículo cuarto constitucional y leyes secundarias para garantizar la cobertura universal en salud.
En un paso significativo para las posiciones panistas, también se incluye una reforma a la Ley General de Salud para garantizar el acceso al tratamiento contra el dolor para pacientes en estado terminal. Sobre el particular, se aclaró que tal posición no tiene que ver nada con la eutanasia. Además, se contempla reformar la misma ley para facilitar la donación de órganos para utilizarse en transplantes.
Asimismo, los panistas resolvieron impulsar la pensión universal para adultos mayores; transparentar los patrones de beneficiarios de los programas sociales del campo, como la homologación contable de los tres órdenes de gobierno; la modernización del marco jurídico del Congreso de la Unión, y la modificación del formato del Informe presidencial, con el propósito de que el Ejecutivo federal entregue por escrito su documento el primero de febrero ante la presidencia de la Cámara de Diputados, y 30 días después acuda a debatir con el pleno camaral.