La seguridad pública, tema toral, señalan senadores
Cabildean panistas para que se apruebe la reforma sobre justicia
Cozumel, QR, 30 de enero. Junto con el tema energético, el de seguridad pública es toral en la agenda de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, y por ello los legisladores cabildean a fin de que la controvertida reforma constitucional en materia de justicia se apruebe los próximos días en la Cámara de Diputados.
La reforma, aprobada en el Senado por PRI y PAN en diciembre pasado, ha recibido críticas y cuestionamientos de juristas, organismos no gubernamentales, del propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, pero aun así, los panistas confían en que antes del próximo 15 de febrero se vote en San Lázaro.
El senador Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que hay acuerdos entre bancadas para que la reforma pueda salir pronto, y el propio coordinador de los diputados panistas, Héctor Larios, le dijo que prevé que el proceso legislativo “va a ser rápido” y en los primeros días de febrero.
Respecto de las voces en contra de esa reforma constitucional que permite allanamientos de domicilio sin orden judicial, así como cateos y espionaje telefónico, el senador Ramírez sostuvo que se eliminaron los aspectos más cuestionados, entre ellos el de dotar de facultades al Ministerio Público para acceder a las cuentas bancarias, fiduciarias e incluso a los datos electorales de los ciudadanos.
Entrevistado al concluir la reunión plenaria que durante dos días llevaron a cabo los senadores del PAN en esta región del Caribe, insistió en que es importante dar mayores instrumentos al gobierno federal en la lucha contra el crimen organizado, y en este caso, “no se violan derechos humanos ni garantías individuales”, y por ello debe continuar el proceso legislativo de esa reforma constitucional.
También de ese asunto, reveló, hablaron un día antes con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien les compartió que la seguridad pública seguirá siendo uno de los ejes rectores del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
La experiencia colombiana
Reveló que antes de que se aprobara ese ordenamiento en Xicoténcatl, un grupo de senadores y diputados de PAN, PRI y PRD visitaron Colombia –en el contexto de una reunión del Parlamento Latinoamericano–, y pudieron hablar con el presidente Álvaro Uribe en torno a la experiencia de ese gobierno en el combate al narcotráfico y el terrorismo.
Se discutió en ese encuentro la efectividad del Plan Colombia, de lo que se debe cambiar para combatir a los narcos, de la importancia de que Estados Unidos reconozca que es parte del problema y debe, por ejemplo, frenar el tráfico de armas que desde su territorio pasan a México y otros países y son adquiridas por el crimen organizado.
No se trata, aclaró, de trasladar a México la estrategia colombiana, pero sí de analizar sus experiencias, entre ellas, por ejemplo, la del combate al narcomenudeo. Es interesente, recalcó, que el presidente Uribe presentó una iniciativa para penalizar el consumo de drogas en su país, como forma de atacar el problema.
Con base en ello, consideró que se deben replantear en México las reformas a leyes penales encaminadas a combatir el delito del narcomenudeo, que fueron vetadas por Vicente Fox en el pasado sexenio, por considerar que legalizaban el consumo de drogas.