Editorial

Economía: riesgos desatendidos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer un paquete de estímulos fiscales propuesto por la Casa Blanca, por un monto de 150 mil millones de dólares, en un acto inusual que implicó el consenso entre la mayoría de los congresistas, tanto demócratas como republicanos. El plan tiene como fin apoyar, ante la crisis económica, a los contribuyentes de ese país con exenciones, estímulos y reintegros fiscales de entre 600 y mil 200 dólares.

La medida es indicativa de la gravedad que la clase política estadunidense atribuye a la crisis que se ha venido configurando durante los recientes meses en la principal economía del planeta, y que se inició con los quebrantos en el sector inmobiliario, originados a su vez en la proliferación de los llamados créditos hipotecarios de riesgo y en las consiguientes dificultades de las familias para pagar sus préstamos ante el incremento de las tasas de interés.

La crisis hipotecaria de Estados Unidos ha acabado por afectar severamente a otros sectores en esa nación, como el manufacturero –sobre todo, por el endurecimiento en las condiciones para otorgar préstamos bancarios–, y ha provocado, entre otras cosas, una inestabilidad alarmante en los mercados bursátiles del mundo, como se vio el lunes de la semana pasada.

Desde esta perspectiva, la aprobación del paquete de estímulos fiscales en el Congreso estadunidense implica el reconocimiento, por parte de las autoridades de ese país, de la necesidad de poner en marcha acciones para hacer frente esa situación y aliviar, en alguna medida, el temor y la alarma que recorren a la sociedad.

Contrasta con las medidas previsoras del Ejecutivo y del Legislativo estadunidenses la despreocupada actitud del gobierno mexicano ante la recesión. En efecto, el calderonismo ha de- satendido los indicios de la crisis y ha minimizado en forma poco responsable los peligros que eso representa para la economía nacional: en más de una ocasión, el titular del Ejecutivo federal ha afirmado que, pase lo que pase en Estados Unidos, “no habrá crisis” en México, e inclusive ha afirmado que le “emociona” el escenario de una recesión en el vecino país, un aserto por demás impropio, que muestra cuán lejos se encuentra el grupo en el poder de las preocupaciones y los temores de la población en general.

A tono con el discurso presidencial, el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, afirmó la semana pasada, en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que “si la desaceleración en Estados Unidos se concreta”, la situación en México será “manejable”, y que, en todo caso, nuestro país no se verá afectado “de manera importante”.

Por cierto, el diagnóstico del secretario de Hacienda fue desmentido en ese mismo encuentro por el premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz, quien afirmó que la economía mexicana se encuentra en una situación “vulnerable” ante la inminente recesión estadunidense.

Actualmente, México padece de una gran dependencia económica hacia Estados Unidos: realiza cerca de 90 por ciento de su comercio exterior con la nación vecina, en tanto que más de la mitad de la inversión extranjera directa es constituida por capital estadunidense. Este panorama hace posible suponer que, en un periodo de recesión en la economía de Estados Unidos, se agravaría el de por sí desalentador escenario nacional, en el que persisten altos niveles de desocupación, un exasperante deterioro de la capacidad adquisitiva del salario y una carestía que parece incontenible, causada por las medidas económicas antipopulares aplicadas por el grupo en el poder, como el impuesto a las gasolinas –efectivo desde el pasado 6 de enero– y el alza que se prevé en las tarifas eléctricas.

Es urgente, por tanto, que la actual administración atienda los signos de riesgo que ha exhibido la economía a escala global y busque medidas para contrarrestar sus efectos, como la reactivación de la economía nacional, el fortalecimiento del mercado interno, un manejo eficiente del gasto público, la aplicación rigurosa del cobro de impuestos a las grandes empresas y el establecimiento de elementales mecanismos de protección a la economía de los más desprotegidos, que son quienes pagan el mayor precio cuando llegan las crisis; en suma, que demuestre que en esta materia posee un proyecto, si no deseable, cuando menos viable y, en ausencia de sensibilidad social, tenga una mínima sensibilidad política para comprender que los impactos de una crisis económica severa podrían traducirse en ingobernabilidad.