Juez se declara incompetente en causa por irregularidades en importación de autos

Madres de Plaza de Mayo terminan ayuno en Catedral Metropolitana de Buenos Aires

El gobierno derechista del empresario Mauricio Macri tuvo que restituirle fondos incautados

El Ejecutivo de la ciudad vetará proyecto de ley de resarcimiento para víctimas de la dictadura

Stella Calloni (Corresponsal)

Buenos Aires, 29 de enero. Militantes de la organización humanitaria Madres de Plaza de Mayo levantaron un ayuno que habían iniciado este martes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires en protesta contra las autoridades de la ciudad, tras lograr que les fueran liberados fondos que reclamaban.

“Otra victoria de las madres; (el alcalde derechista Mauricio) Macri liberó los pagos” para el organismo, indicó la organización en un comunicado de prensa.

Poco antes, las madres habían anunciado que pernoctarían en el templo ante la falta de respuesta a su reclamo.

Seis integrantes de Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por su presidenta Hebe de Bonafini, todas de unos 80 años de edad, comenzaron este martes el ayuno contra el gobierno porteño, al que acusaron de retener fondos para un proyecto de construcción de viviendas de la organización.

Según las madres, el monto retenido era de 3.4 millones de pesos (1.07 millones de dólares) girados por el gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández, como lo hace cada mes, para pagar salarios de unos mil 300 trabajadores y para la compra de materiales de construcción.

La semana pasada las madres descubrieron que el dinero girado había sido bloqueado por el Instituto de Vivienda de la ciudad, dependiente de Macri.

Con una fundación a su nombre, las madres llevan a cabo proyectos de construcción de viviendas en villas de emergencia y barrios pobres de la capital argentina, con financiamiento del gobierno nacional.

No es la primera vez que el gobierno derechista capitalino retiene dinero de los trabajadores, como ocurrió recientemente con el Movimiento Tierra y Liberación de desempleados que lograron construir un barrio para familias pobres, de singular diseño y belleza, considerado ejemplo mundial.

En otra impopular acción, el Ejecutivo de esta ciudad vetará el proyecto de ley 2601, de Resarcimiento Histórico a los ex detenidos del Plan de Conmoción Interna (Conintes) aplicado en los años 60 y que llevó a prisión a decenas de sindicalistas, militantes peronistas y de izquierda, entre otros.

Este proyecto de resarcimiento fue aprobado por la legislatura porteña el 6 de diciembre pasado y vetado por el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien argumentó que carece de recursos específicos.

Son muy pocos los sobrevivientes de esos días y se estima que era de alto valor simbólico y humano reparar los daños causados, ya que los presos de Conintes siempre estuvieron en las listas negras de las dictaduras que se sucedieron en el país, y sujetos a persecuciones, razias sociales, amenazas y muertes, además de que perdieron sus derechos laborales y la mayoría de los que sobreviven tienen alrededor de 70 años.

También ayer, vecinos del barrio de Palermo comenzaron una serie de protestas contra el aumento del impuesto municipal, que en algunos casos alcanzó casi 300 por ciento, lo que además producirá un serio problema a los inquilinos en esta ciudad.

Dentro de la serie de medidas impopulares de la administración de Macri en los primeros 50 días de su gobierno, se señala un aumento de las patentes de automóviles, el intento de cambiar las normas para licitar la construcción de escuelas, sus demanda para gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia y los enfrentamientos con la justicia por el despido injustificado de 2 mil 500 trabajadores municipales.

Macri también ha adoptado una medida negativa para los sectores de cartoneros, surgidos masivamente durante la crisis que azotó al país a finales de 2001, pues se decidió suspender al llamado Tren Blanco en que los pepenadores podían viajar gratis con sus cargas hacia las afueras de la ciudad.

La justicia ordenó que se repusiera el tren porque no hay suficientes camiones para recoger cartoneros por toda la ciudad, y como consecuencia de esto plazas y parques se están llenando de grupos familiares de cartoneros que duermen allí para poder seguir trabajando al otro día.

Por otra parte, el juez federal Norberto Oyarbide se declaró incompetente en la  causa por irregularidades en la importación de autos con franquicias diplomáticas que se vendían luego aquí, y resolvió enviarla a la Corte Suprema ya que muchos investigados podrían ser diplomáticos extranjeros de unas ocho embajadas. Hace días el canciller Jorge Taiana pidió investigar estos hechos.

Por su parte, el embajador de Rusia en Argentina, Yuri Korchagin, expuso en estas horas el malestar en medios diplomáticos especialmente por el tratamiento mediático y dijo que no descarta “un trasfondo político” en lo que está sucediendo, además de que advirtió que “parece que alguien quiere enemistar a las embajadas extranjeras con la cancillería argentina”.