El año pasado se aprobó hacer públicos los correos electrónicos de funcionarios
La Presidencia elude resolución del IFAI al negar datos que generó Mouriño
Pese a que el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) determinó el año pasado que los correos electrónicos de los funcionarios públicos son documentos oficiales que deben ponerse a disposición de la ciudadanía cuando se trate de asuntos gubernamentales, la Presidencia de la República se negó a entregar los datos generados por Juan Camilo Mouriño en su calidad de jefe de la Oficina de la Presidencia de enero a junio de 2007.
En respuesta a la solicitud 0210000107207, en la cual se pidieron copias de los mensajes de las bandejas de entrada, enviados, borradores e incluso eliminados, la Presidencia arguyó que no podía entregarlas debido a que la petición “no contiene una descripción clara y precisa de los documentos que solicita”.
Según el Ejecutivo federal, la solicitud no cuenta “con datos que propicien su localización con objeto de facilitar su búsqueda, como sería tema, asunto, actividad o función ejercida, o cualquier otro elemento de identificación”, lo que supuestamente “impide” atender la petición.
Hay que destacar que cuando el IFAI se pronunció por la difusión de los mensajes generados por los funcionarios en sus direcciones electrónicas institucionales, no hizo ningún distingo en cuanto a tema, asunto u otra definición para ordenar la entrega de todos los que en su momento generó el ex secretario de Gobernación Carlos María Abascal Carranza, de octubre a diciembre de 2006, aunque aclaró que los revisaría para evitar la entrega de datos personales (domicilios y teléfonos particulares, entre otros).
Ese asunto será analizado en la sesión del IFAI de este miércoles, así como la queja que presentó otro ciudadano contra la Secretaría de la Defensa Nacional, a la cual pidió toda la información pública que generó la dependencia sobre la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, la cual provocó controversia por la presunta participación de elementos del Ejército en la violación tumultuaria de esa mujer de más de 70 años.
La Sedena remitió al solicitante a la página electrónica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual se presenta el informe sobre el caso 34/2007. El caso corresponderá resolverlo al comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán.