Demandarán a Soberanes “por no cumplir su función”
De nuevo, seis ONG presentan quejas contra la reforma judicial
El Movimiento Ciudadano Obradorista, la Plataforma Constitucionalista de México, la Asociación de Profesionales Interdisciplinarios de México, el Frente de Acción y Reflexión Política, el Frente Único de Trabajadores y el Consejo Nacional de Organizaciones presentaron ayer de nueva cuenta quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma constitucional en materia de justicia, porque, sostienen, los cambios “son un retroceso” y violan garantías.
Román Díaz, de Plataforma Constitucionalista de México, anunció que este martes las organizaciones interpondrán una demanda ante juzgados federales contra el titular de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, “porque hace más de tres meses le solicitamos audiencia personal y de viva voz, y a la fecha no ha cumplido sus funciones constitucionales”.
Los dirigentes presentaron quejas hace meses ante la comisión contra la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que, argumentaron, los cambios constitucionales en materia de salud y seguridad social violaban sus garantías. Posteriormente solicitaron amparos.
Afirmaron que las enmiendas a los sistemas de pensiones atropellaban garantías y derechos humanos, si se consideraban convenios internacionales suscritos por el gobierno mexicano.
Román Díaz, Alejandro Jiménez López, Leonardo Pérez y Juan Luis Santana, entre otros representantes de las agrupaciones, insistieron en que “José Luis Soberanes Fernández no ha querido recibirnos ni darnos audiencia, y está incumplimiento sus funciones federales. Por ello, mañana al mediodía presentaremos denuncias ante los juzgados de distrito administrativos en materia federal”.
Por otro lado, los dirigentes aseveraron que los cambios en materia de justicia son un retroceso. Con éstos, apuntaron, “las policías tendrán manga ancha, apoyadas en la Constitución política, para catear domicilios y violar la propiedad privada. Además, podrán cometer detenciones de manera arbitraria. Todo ello significa un retroceso en las conquistas sociales y los derechos humanos, que han costado al país muchas vidas”.