Usted está aquí: martes 29 de enero de 2008 Política Incumple el IFE fallo sobre mensajes del Panal

Este año el instituto ejercerá $7 mil 967 millones

Incumple el IFE fallo sobre mensajes del Panal

Alonso Urrutia

Ampliar la imagen Los consejeros electorales Arturo Sánchez, Andrés Albo –quien es presidente interino– y Virgilio Andrade, ayer en el IFE Los consejeros electorales Arturo Sánchez, Andrés Albo –quien es presidente interino– y Virgilio Andrade, ayer en el IFE Foto: María Meléndrez Parada

En incumplimiento a los plazos que fijó la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó un procedimiento para prorrogar hasta la próxima sesión el resolutivo relacionado con el informe de campaña del Partido Nueva Alianza (Panal) y sus mensajes no reportados. A fin de dar “certeza” a la resolución, y ante las evidentes inconsistencias del dictamen, se determinó devolverlo a la Unidad Técnica de Fiscalización.

Altamente beneficiado por las inconsistencias del documento, el Panal cuestionó la legalidad de la prórroga. “¿Díganme cuál es el fundamento legal para esta decisión?”, criticó el representante partidario Luis Antonio González, quien recordó a los consejeros que los magistrados fijaron plazos para la resolución.

Pese a todo, no se modificó el criterio de los consejeros, en lo que fue el único consenso que lograron tras una agria discusión, en la que recriminaron y descalificaron el fundamento del dictamen que condonaba casi 8 mil de los poco más de 11 mil no reportados.

El consejero presidente provisional, Andrés Albo, consideró en entrevista que no se puede hablar de desacato a los magistrados, pues se cumplieron los plazos de garantía de audiencia y de elaboración y presentación del dictamen al Consejo General. Sostuvo que devolver el documento a la Unidad Técnica Especializada pretende “dar certeza” al Panal de la resolución relacionada con los promocionales de campaña.

En tanto, el IFE aprobó anoche el presupuesto “ajustado” que ejercerá para el presente año, que asciende a 7 mil 967 millones de pesos, de los cuales, el gasto operativo del organismo absorberá 5 mil 272 millones de pesos, 278 millones menos que lo originalmente presupuestado. A su vez, los partidos recibirán en conjunto 2 mil 695 millones de pesos como prerrogativas este año.

Los consejeros aprobaron que los partidos obtengan, como máximo de financiamiento privado para este año –aportaciones de la militancia, actividades de autofinanciamiento y colectas en mítines– 23 millones 397 mil 714 pesos.

En este contexto, representantes de agrupaciones políticas nacionales irrumpieron en la sesión para exigir que se les entregue financiamiento este año –que fue suprimido en las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales– y acusaron a los consejeros de ser cómplices de los partidos para suprimir las actividades de esas agrupaciones.

Sin embargo, lo sobresaliente de la sesión radicó en el recurso que promovió el Panal que, de acuerdo con los plazos fijados, debió cumplirse este lunes. No obstante, el dictamen presentado por la recién creada Unidad Técnica de Fiscalización dividió a los consejeros electorales en su reunión previa, aunque pudieron procesar para la sesión de las 18 horas una opinión unánime de devolver el documento.

El consejero Virgilio Andrade fue quien argumentó en favor de esta prórroga, presentando ejemplos de las inconsistencias del documento: un anuncio que se dice pasó en Grupo Acir se considera válido para justificar otro promocional presentado en W Radio; un mensaje difundido en CNN en español, se da por conciliado con otro transmitido en Disney Channel.

Subrayó que el dictamen no incluyó una valoración del gasto reportado “para conciliarlo con los espots, porque es difícil pensar que puede haber gasto desperdiciado sin que haya tenido algún destino específico”. La postura fue secundada por los consejeros Arturo Sánchez y Rodrigo Morales.

Empero, los representantes del Panal, Luis Antonio González y Miguel Ángel Jiménez, insistieron en que la decisión carecía de fundamento legal, que no existía justificación para que el IFE violentara los plazos establecidos por los magistrados. Aunque la respuesta de los consejeros subrayaba que se hacía en aras de dar “certeza” al partido de la resolución, los representantes cuestionaban que la falta de certeza se daba a partir de esta inexplicable prórroga.

 
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