Editorial

Posadas: las sospechas de la Iglesia

A partir de mayo de 1993, cuando el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, entonces arzobispo de Guadalajara, fue acribillado en el aeropuerto de esa ciudad por un grupo de sicarios del narcotráfico, la jerarquía eclesiástica ha descalificado de manera sistemática las conclusiones derivadas de la investigación oficial de aquella balacera. La diatriba llegó a tomar tintes personales entre el sucesor del clérigo asesinado, Juan Sandoval Íñiguez, y Jorge Carpizo McGregor, quien se encontraba al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando ocurrió el enfrentamiento.

Ayer, el caso volvió a los medios, a raíz de la detención de Alfredo Araujo, El Popeye, presunto sicario del narcotráfico al que las autoridades involucran en el asesinato de Posadas Ocampo y en un atentado sufrido en Tijuana por el fallecido periodista Jesús Blancornelas. De inmediato, el alto clero católico rechazó las líneas oficiales de investigación, según las cuales el detenido participó en el homicidio del religioso. El vocero de la arquidiócesis capitalina, Hugo Valdemar Romero, volvió a acusar a las instancias de procuración de justicia de no querer investigar a fondo, de encubrir a “personalidades pasadas que no quieren ser tocadas” y de presentar explicaciones “inverosímiles” y “ridículas” sobre lo ocurrido en el aeropuerto tapatío la mañana del 24 de mayo de 1993. Valdemar Romero dijo que la jerarquía eclesiástica tiene “ciertas pruebas”, pero “no las suficientes como para señalar con el dedo a los autores intelectuales y materiales” del crimen. En contraste, en agosto del año pasado Sandoval Íñiguez aseguró: “sabemos muchas cosas” sobre “los políticos que estuvieron involucrados en el tráfico de drogas (y que) ordenaron el asesinato”. Sin embargo, se negó a hacer pública su información, alegando que los homicidas de su antecesor seguían siendo “gente poderosa en la política”.

Ciertamente, las conclusiones del caso que en su momento presentó Carpizo y que desde entonces ha dado por ciertas la PGR (Posadas Ocampo habría sido confundido con un capo del narcotráfico, presumiblemente Joaquín El Chapo Guzmán, por pistoleros de una organización delictiva rival) no han sido consideradas convincentes por amplios sectores de la sociedad. De hecho, ese episodio marcó el inicio de un sostenido proceso de descrédito de la PGR, el cual se ahondó por el pésimo manejo del asesinato de Colosio y llegó a niveles fársicos bajo la dirección de Antonio Lozano Gracia, cuando para esclarecer el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, la Procuraduría contrató una vidente que sembró un cadáver en la finca El Encanto para presentarlo como el de un diputado priísta que desapareció tras el crimen mencionado. Luego, en el sexenio de Vicente Fox, la PGR fue usada para fabricar culpables en diversos casos y para perseguir en forma facciosa al entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la ineptitud o el dolo que suelen imperar en las actuaciones de la PGR no justifican que el alto clero católico se empeñe desde hace tres lustros en propalar sospechas y barruntos de misterio sin lograr otra cosa que enturbiar el panorama y sembrar más confusión de la que ya existe. Si Valdemar Romero, Sandoval Íñiguez o algún otro tienen elementos que permitan dar un giro al esclarecimiento del asesinato de Posadas Ocampo, tienen el deber legal de presentarlos ante el Ministerio Público (y no de enviarlos al Vaticano, como dijo haber hecho el segundo), y si sospechan de una desviación irremediable en la institución encargada de procurar justicia, deben denunciarlo así ante la opinión pública. De otra manera, queda la impresión de que la Iglesia católica se reserva indicios con el propósito de chantajear al poder político o –peor aún– para ocultar responsabilidades propias. A este respecto, es indudable que hay cosas extrañas en el contexto del homicidio de Posadas Ocampo: por ejemplo, el asesinato fue perpetrado durante la Presidencia que más favoreció los intereses del clero en la historia reciente, y después tuvo lugar una entrevista insólita –y nunca esclarecida– entre el entonces nuncio apostólico, Girolamo Prigione, y algunos de los hermanos Arellano Félix, quienes comandaban la organización criminal a la que se atribuye el homicidio. ¿Qué sabe la jerarquía eclesiástica, y por qué no lo dice?