En 10 días quedará restaurado el suministro en 90%, asegura la autoridad respectiva
Sin servicio de agua cerca de 200 mil personas en la capital de Bolivia
Más de 30 mil familias en todo el país, afectadas por las intensas lluvias; van 31 muertos
Entre acusaciones naufraga el diálogo del presidente Evo Morales con gobernadores
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Trabajadores colocaron desde el pasado viernes bolsas de arena para contener la crecida del Río Grande (unos 50 kilómetros al este de Santa Cruz), debido a las intensas lluvias que han caído los últimos días sobre los nueve departamentos bolivianos
Foto: Reuters
La Paz, 27 de enero. Cerca de 200 mil personas de 34 barrios de la capital boliviana, incluidas las exclusivas zonas residenciales del sur, padecen falta de agua por tercer día consecutivo, debido a la ruptura de un acueducto, lo que se suma a los estragos dejados por las inundaciones, que en los nueve departamentos del país han afectado a 32 mil familias (unas 150 mil personas), con saldo de 31 muertos y la desaparición de ocho personas.
La Empresa Pública Social de Agua Potable y Saneamiento informó a los medios que se restituirá 90 por ciento el servicio de agua en 10 días, si bien no será hasta dentro de dos meses cuando se restablezca la totalidad del servicio, luego de reparar el acueducto dañado por las constantes lluvias.
Por ahora, la empresa raciona el suministro de agua a los barrios y a la par con la alcaldía de La Paz y los bomberos se realiza la distribución de agua en cisternas.
Los departamentos con mayores daños materiales por las fuertes lluvias son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, según informó el Viceministerio de Defensa Civil.
Aunque ha empezado a fluir la ayuda internacional, por parte de 35 organismos internacionales y países como Chile, Brasil, Venezuela y Perú, ésta es aún insuficiente ante la magnitud de las inundaciones.
En otro asunto, en medio de acusaciones mutuas parece naufragar el diálogo entre el gobierno del presidente Evo Morales y los prefectos (gobernadores) departamentales opositores respecto de la posibilidad de “compatibilizar” la propuesta de la nueva Constitución y los estatutos autonómicos.
El viernes, las partes declararon un cuarto intermedio debido a “problemas de fijación de agenda” de la mesa de diálogo.
Mientras las prefecturas pretenden que se reponga el proceso de aprobación de la nueva Carta Magna, validada en diciembre pasado por la Asamblea Constituyente, que califican de “ilegal”, el gobierno sólo acepta “sugerencias de ajuste” para dicha compatibilización.
Observadores prevén que una vez finalizadas las fiestas de carnaval, que empiezan el próximo sábado, se reiniciarán los conflictos entre el gobierno central y las prefecturas de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba.
Más aún porque a partir del primero de febrero el gobierno de Morales Ayma empezará a pagar la Renta Dignidad –pensión para mayores de 60 años– sin que se haya llegado a un acuerdo sobre el financiamiento de la misma, para lo cual el gobierno central decretó un recorte de 30 por ciento de los ingresos regionales por la venta del gas; a esta decisión se oponen los prefectos.